7 de octubre de 2008

Pugnas oficialismo afectarían gestión LF

Leonel Fernández Leonel Fernández

POR JOSE ANTONIO TORRES Las divergencias entre funcionarios gubernamentales, que en las últimas semanas han ocupado espacios importantes en los medios de comunicación, llama la atención por la falta de disciplina en las esferas oficiales, lo que podría afectar la gestión del presidente Leonel Fernández.

Aún el jefe del Estado no había sido juramentado para su segundo período cuando el senador por Peravia, ingeniero Wilton Guerrero, la emprendió contra el procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez, a cuyos asistentes acusó de colaborar con el narcotráfico en su provincia.

Los “dimes y diretes” entre el legislador Guerrero, el comandante de la Policía en Peravia, general Hilario González y González, y el gobernador provincial Bienvenido Montero, comenzaron a raíz de la ejecución de siete hombres ligados al narcotráfico cuyos cuerpos fueron encontrados en Paya, Baní, el 5 de agosto.

Posteriormente el general González y González se querelló contra el senador y el procurador lo intimó públicamente, al legislador, para que explicara el origen de su fortuna.

Estas diferencias motivaron la intervención de los organismos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), organización que preside el doctor Fernández, y en una ocasión el secretario general y presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, pidió a las partes terminar con la polémica.

A las denuncias del senador Guerrero se sumó el senador oficialista por La Vega, ingeniero Euclides Sánchez, quien dijo que en su provincia las autoridades judiciales y policiales actúan en contubernio con los narcotraficantes y delincuentes comunes.

Sin embargo, cuando al parecer las aguas volvían a su nivel, el pasado sábado el PLD designó una comisión para investigar el hecho en que siete hombres fueron ejecutados, un caso que todavía las autoridades no han informado sobre la droga ni el dinero envuelto en la operación.

El senador Guerrero ha sido insistente en esa parte de la investigación, porque se dice que había en el lugar 1,200 kilos de cocaína y varios millones de dólares.

Los más recientes altercados entre sectores del Gobierno comenzaron la semana pasada, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo por el proyecto sometido por el presidente Fernández para una nueva Constitución.

Después de presentarlo al Congreso, la Presidencia de la República se unió a la Fundación Institucionalidad y Justicia para convocar tres foros de discusión sobre el proyecto de nueva Constitución.

Los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, licenciados Reinaldo Pared Pérez y Julio César Valentín, se mostraron contrario a que se organicen foros sobre el proyecto de Constitución alegando que es a los legisladores a quienes corresponde decidir sobre el contenido de la nueva Carta Magna.

También legisladores del partido oficial se oponen a la intención de la Presidencia de que la propuesta del mandatario se discuta en los foros de la sociedad civil.

En cada uno de estos conflictos el mandatario ha mantenido silencio extremo, incluso dejando a los funciones en las mismas posiciones.

Otro que se ha visto envuelto en divergencias es el ex vicepresidente de la República, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales doctor Jaime David Fernández Mirabal, quien después de aceptar el cargo a regañadientes, comenzó una polémica con el administrador de Bienes Nacionales, licenciado Elías Wessin Chávez, sobre el derecho de propiedad de los terrenos donde estuvo la Fortaleza San Luis, en Santiago.

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