Unos 470 haitianos que habían ocupado la Iglesia Nuestra Señora del Rosario de Dajabón, abandonaron el templo religioso y fueron repatriados tras un acuerdo con autoridades, en tanto el director general de Migración denunció que sólo 30 de ellos tenían permiso para trabajar en el territorio nacional.
Los haitianos fueron escoltados hasta la frontera por personal de Migración, el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (Cesfront) y el Ejercito Nacional, en compañía del fiscal de Dajabón, Juan Casillas Solís y el padre Regino Martínez.
El director de Migración, José Aníbal Sanz Jiminián destacó que los haitianos que ocuparon el templo aprovecharon las facilidades del mercado de venta de productos que se realiza de lunes a viernes en Dajabón para intentarse quedarse de manera ilegal en el país.
Mientras, el presidente del Consejo Nacional de Fronteras, Radhamés Batista, advirtió que el padre Regino Martínez podría ser sometido a la justicia por alegado tráfico de indocumentados, a plena luz del día y ante los ojos de la sociedad.
El funcionario entiende que el religioso no puede escudarse en su sotana para violentar las leyes migratorias de la República dominicana, y advirtió que nadie está por encima de la ley, y que aunque no haya reglamento para aplicar la Ley de Inmigración, esta se aplica por sí sola en casos como el ocurrido en Dajabón.
Por su parte, el mayor general Sanz Jiminián afirmó que los haitianos repatriados iban a ser diseminados en todo el territorio nacional en fincas, plantaciones agrícolas y construcciones de obras diversas.
Agregó que para esos fines, se habían preparado 10 autobuses, y aclaró que no solo eran esos 500 sino otros cientos los haitianos que estaban a la espera de la distribución, con la supuesta ayuda del padre Regino Martínez.
Insistió en que los 500 haitianos ilegales que ocuparon la Iglesia llegaron a Dajabón en pequeños grupos, penetrando al templo católico con la supuesta ayuda del religioso, que posteriormente participó en las negociaciones para su salida del país.
El nuevo acuerdo establece que de los 450 haitianos que se encontraban refugiados en la iglesia, 75 fueron autorizados a quedarse en el país, mientras que los 375 restantes fueron repatriados hasta que cumplan con los requisitos de Migración.
Las autoridades explicaron que algunos de los carnets de los haitianos autorizados a permanecer en el país estaban vencidos desde el 2007 y agosto de 2008 como eran los casos de las haitianas Enonis Pierre, Marginia Dutrevillo y Elne Tosmen.
El desalojo se produjo luego de una reunión con el padre Regino Martínez y miembros de la Asociación de Trabajadores Agrícolas Haitianos del Noroeste, en cuyo encuentro el subdirector de Migración en la zona norte, Juan Isidro Pérez, prometió que el organismo dotará de carnets a los haitianos que ocupaban la iglesia, pero que para ello tenían que regresar a su país.
Explicó el funcionario que Migración se hará acompañar de un equipo que se encargará de entregar el documento, siempre y cuando hayan empresarios agrícolas que se hagan responsables.
Mientras, el director del Cesfront, mayor general Santo Domingo Suero, comunicó al padre Regino que lo importante era buscar solución al conflicto de una forma armoniosa y que lo mejor era el regreso voluntario de los ciudadanos haitianos a su país, porque si permitían su permanencia en República Dominicana el próximo año llegarían cinco o 10 mil más y ocuparían la iglesia con el pretexto de que lo dejarán.
El sacerdote se mostró en desacuerdo con el desalojo, pero explicó que lo aceptó para evitar que fueran sacados violentamente del centro religioso.
El presidente de la Asociación de Trabajadores Agrícolas Haitianos, Henel Pautín, admitió que muchos haitianos que trabajan en fincas del noroeste no tienen documentos, pero invocó su condición de padres de familia con sus hogares, y clamó por una oportunidad para continuar en sus trabajos.
Sin embargo, el subdirector de Migración pidió que regresaran primero a su nación y que los líderes de las asociaciones prepararan un listado con los nombres de los haitianos que realmente trabajan en fincas agrícolas para dotarlos de carnets de forma que puedan regresar al país sin ningún inconveniente.
Durante el operativo, las autoridades también detuvieron a haitianos que portaban carnet provisional de la Dirección de Migración, los montaron en guaguas y los llevaron a lugares que no fueron establecidos.
Los carnets de otro grupo dejado en libertad están amparados por la Asociación Solidaridad del Noroeste, pero también vencidos desde el 2007.
Sobre el caso, el presidente de la Junta Central electoral, doctor Julio César Castaños Guzmán, rechazó ayer la propuesta del padre Martínez, de cedular y otorgar una amnistía a miles de haitianos que llevan años trabajando en fincas dominicanas.
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