SANTO DOMINGO, R.D.- La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) informó el fallecimiento de monseñor Rafael Leonidas Felipe Núñez, obispo emérito de Barahona, quien tenía varias semanas padeciendo de problemas de salud.
Su deceso se produjo alrededor de las 11:44 de la noche del miércoles.
“Con profundo pesar comunicamos la partida al Padre de Monseñor Rafael Leónidas Felipe, Obispo Emérito de Barahona, ocurrida a los 87 años de edad, en la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros, a las 11: 44 p.m. de ayer miércoles 10 de diciembre de 2025”, dice un comunicado.
La Conferencia agradeció por su fidelidad pastoral, su entrega generosa y su testimonio de servicio a la Iglesia.
Su cuerpo será expuesto este jueves desde las 9:00 a. m. en el Seminario San Pío X y a las 02:00 p. m. celebración de la Eucaristía.
Mientras que a las 3:30 p. m., será traslado del cuerpo hacia la diócesis de Barahona.
El viernes se realizará a las 10:00 de la mañana una exequial y cristiana sepultura en la Cripta de la Catedral Nuestra Señora del Rosario, Barahona.
“Nos unimos fraternalmente en la oración por el eterno descanso de su alma, confiando en la misericordia del Señor, a quien sirvió con entrega y amor”, dijo la CED.
Rafael Leónidas Felipe Núñez nació el 12 de septiembre del 1938, en El Coco, Provincia Salcedo. El 25 de marzo del 1965 fue ordenado presbítero, en la Catedral de Santo Domingo, con incardinación en la Diócesis de Santiago de los Caballeros.
SAN JUAN DE LA MAGUANA, Republica Dominicana.- La Policía Nacional informó que investiga las circunstancias en que resultó herido de bala el reconocido antisocial Juan Eliezer García Payano (a) Cacón, de 30 años, durante un incidente bajo investigación ocurrido la noche del martes 9 de diciembre en esta ciudad.
De acuerdo con el informe preliminar, el hecho se registró en horas de la noche en la calle Domingo Rodríguez esquina Sánchez, donde, según las primeras versiones, García Payano sostuvo una fuerte discusión con Pedro Agramonte del Carmen (a) Pedrito y otro hombre identificado solo como Ronny, con quienes mantenía viejas rencillas personales.
Pedro Agramonte del Carmen (Profugo)
Durante el altercado, los agresores le habrían ocasionado múltiples heridas por arma de fuego, siendo trasladado de inmediato al hospital público Dr. Alejandro Cabral, donde recibe atenciones médicas.
En la escena, la Policía Científica levantó como evidencia cuatro casquillos calibre 9 mm y cuatro proyectiles, tres de ellos mutilados.
Como parte de las labores investigativas, fue retenida la motocicleta Suzuki AX-100, color negro, utilizada por los agresores para huir tras cometer el hecho. El vehículo pertenece a uno de los implicados.
La Policía Nacional informó que activa la localización y captura de los prófugos, mientras el caso continúa bajo investigación para ser puesto a disposición del Ministerio Público.
SANTO DOMINGO, R.D.- El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, calificó el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa) como uno de los más grandes que ha tenido el Ministerio Público, al tiempo que lo catalogó como “siniestro y cruel”.
“Este es uno de los casos más grandes que hemos tenido en el Ministerio Público, y de hecho es el caso más siniestro y cruel, sobre todo porque afecta algo tan esencial como la salud, pero en este caso la salud de un seguro que tiene incluido a más de a ocho millones de dominicanos”, indicó Camacho.
A través de una publicación en la red social de X indicó que “una estructura que es capaz de arrebatarle la medicina a los enfermos, sobre todo a los más pobres, es siniestra y es cruel”.
Explicó que hasta el momento se habla de un desfalco de 15 mil millones de pesos, pero esta cifra puede cambiar, al igual que la cantidad de personas imputadas, debido a que el caso está todavía en fase de investigación.
Parecido a estas declaraciones fueron las de Mirna Ortiz, titular de Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), quien dijo que este caso era el “más grave que ha presentado el órgano en materia de corrupción”.
Este caso en el que el mayor implicado es el exdirector del Senasa, Santiago Hazim, fue aplazado para el jueves 11 del presente mes a las 2:00 de la tarde.
El Ministerio Público está pidiendo 18 meses de prisión preventiva contra Hazim Albainy; Rafael Luis Martínez Hazim, fundador del centro de telemedicina Mycare; Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera y Heidi Mariela Pineda Perdomo.
Al grupo se le acusa de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Santiago Hazim y su abogado Miguel Valerio dentro del edificio de la Procuraduría General de la República
Por: Melanie Cuevas
SANTO DOMINGO, R.D.- Cuando fue designado como director del Seguro Nacional de Salud (Senasa),Santiago Hazim realizó una publicación en su cuenta de X (antiguo Twitter), en la que aseguró que serviría al país con ética y honradez.
“Agradezco al Consejo del Seguro Nacional de Salud por la distinción de elegirme como Director Ejecutivo de @Senasa. Cumpliremos con la misión encomendada, junto a nuestro presidente @LuisAbinader, servir al país con honradez y eficiencia”, cita la publicación referida por el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción en su contra y de otras nueve personas, por desfalco al Estado.
El MP señala en el documento que a pesar de esa declaratoria las pruebas recabadas por ese órgano acusador evidencian que Hazim llegó a la principal ARS del país con intención de “drenar los fondos de Senasa para enriquecerse”.
“Sin embargo, las pruebas demuestran que llegó con el plan preconstituido de drenar los fondos del Seguro Nacional de Salud (Senasa), para enriquecerse a través de actos de corrupción como cobros de los sobornos a las empresas contratadas durante su gestión”, precisa el documento.
Hazim, quien es señalado como líder del entramado que agrupa a otras nueve personas, inició con todas las maniobras fraudulentas desde el 21 de agosto de 2020, día en que mediante el decreto 377- 20 fue designado como titular de Senasa.
“Desde su llegada, se rodeó de un círculo cercano de amigos y colaboradores con quienes instauró en la institución un entramado criminal estructurado y funcional, a través del cual diseñó un esquema de corrupción institucionalizada”, establece el documento.
Estas acciones se caracterizaron por la recepción de sobornos, falsificación del contenido de los estados financieros, manipulación de cuentas contables, creación de programas fraudulentos, privatización de la atención primaria, coalición de funcionarios, prevaricación, y estafa en perjuicio del Estado.
Del que agrega el Ministerio Público, Hazim estaba “obligado a servir y proteger”.
Este fraude a esta ARS, que agrupa el 70 % de la población, afectó de manera directa a los afiliados, al comprometer recursos destinados a garantizar la atención médica y la cobertura de salud de la población más vulnerable.
“Las evidencias obtenidas hasta el momento han permitido identificar distintos ejes operativos de corrupción y fraude, materializados por esta estructura criminal integrada por empresarios, profesionales de la salud, personas particulares y funcionarios públicos, dirigidos por el imputado Santiago Marcelo Hazim Albainy”, dice el expediente que sobrepasa las 500 páginas.
Por: José Antoni Fernández Puello/Educador | Periodista | Deportista
En San Juan de la Maguana, donde las historias se escriben con el esfuerzo diario de su gente, surgió un nombre que comenzó pequeño, humilde, pero firme:Alejandro Tejada, el hombre que muchos conocen simplemente comoAlejandro Pollo.
Su trayectoria no nació en salones ni oficinas; nació en las calles, en el comercio, en el sudor del trabajo honrado. Desde allí construyó un espacio propio, un negocio que se convirtió en encuentro, en apoyo, en solidaridad para cientos de personas que lo vieron crecer y que crecieron con él.
Con el paso del tiempo, Alejandro dejó de ser solo un emprendedor. Se convirtió en un punto de apoyo para su comunidad, un rostro presente en los barrios, en las canchas, en los momentos difíciles y en las celebraciones locales. Su liderazgo no fue heredado; fue ganado. Ganado con cercanía, con escucha, con presencia.
Hoy, su nombre resuena como uno de los liderazgos nuevos que buscan transformar la política desde la calle, desde la gente. Es la historia del ciudadano común que se atreve a dar el paso para representar a quienes creen que el futuro se construye con esfuerzo, coherencia y humanidad. Alejandro Pollo representa esa nueva ola de líderes que no necesitan discursos elaborados para conectar, porque su historia ya habla por él. Su crecimiento es un reflejo de la esperanza de muchos sanjuaneros que ven en él no solo un político emergente, sino un símbolo de esfuerzo, autenticidad y compromiso real.
El autor: José Antoni Fernández Puello Educador | Periodista | Deportista
Eduardo Read y sus abogados al llegar al edificio de la Procuraduría General de la República Dominicana
POR: Yudelka Domínguez
SANTO DOMINGO, R.D.-Aunque la empresa Khersum, S.R.L. propiedad del empresario Eduardo Read Estrellatenía un contrato con el Seguro Nacional de Salud (Senasa) desde 2016, con la entrada de Santiago Hazim como director ejecutivo de esa entidad se realizaron varias adendas y “aumento desproporcionado e irregular en la cantidad de afiliados” lo que permitió un alza en el dinero a pagar.
De acuerdo a la solicitud de medida de coerción contra las 10 personas vinculadas a este caso, el primer contrato que firmó Eduardo Read Estrella con Senasa “para la compra y venta de servicios de salud”, fue el 1 de septiembre de 2016, y el mismo recibió varias adendas, “sin criterios para determinar monto y cantidad de afiliados”.
El Ministerio Público establece que estos pagos iniciaron en 2020 con un monto fijo de 285,000 pesos, luego se aumentó a RD$5,000,000.00; luego a RD$65,000,000.00 a favor de la empresa Khersum, S.R.L.
Este aumento se logró a través de la modificación de pago por capitación, que inicialmente estaban a RD$45.00 y terminaron, conjuntamente con el aumento de los afiliados, en RD$130.00.
Dentro de las cosas que pudo constatar el Ministerio Público en este contrato están la falta de efectividad en los servicios contratados; no existían estándares mínimos de calidad; “la verificación de que los servicios facturados fueron realmente prestados”, entre otros.
Según la solicitud de medida de coerción, entre contratos y adendas, desde agosto de 2020 hasta agosto 2025, se pagó un total de RD$3,882,113,916.57 a la empresa de Eduardo Read.
El Ministerio Público divide los pagos de la siguiente forma: Desde agosto a diciembre de 2020, RD$143,760,840.00; en 20221, RD$740,544,505.12; en 2022, RD$732,609177.38; en 2023, RD$788,546,849.12; en 2024, 788,546,849.12 y 2025, RD$494,000,000.00.
Además de cuatro adendas, una de ellas con 12 días de diferencia, Senasa realizó con esta empresa dos contratos más, para los mismos servicios, uno el 1 de febrero de 2022 y el otro el 24 de enero de 2023, para “la compra y venta de servicios de salud”.
Sisalril
La “Auditoría Médica Forense” realizada por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) el 30 de septiembre de 2025, establece que en estos contratos se pudo constatar “indicios de irregularidades contractuales, fallas técnicas y actos fraudulentos, vulneración de las disposiciones de la Ley 87-01 y normativas del Sisalril”.
Además de que estos contratos se realizaron sin listados ni criterio para la selección de la población beneficiada ni controles efectivos de usos, “configuran un desvío de recursos públicos con alto impacto financiero”.
“Toda vez que se emitieron pagos mensuales de cinco millones de pesos con 00/100 (RD$5,000,000.00) por servicios de telemedicina para una población estimada de dos millones (2,000,00) de afiliados, sin evidencias objetivas de ejecución”, dice el Ministerio Público, a la vez de que se realizaron pagos fuera del periodo de contratos.
También, indican que se pagaron RD$62,270,000.00 sin justificación en 2023.
SANTO DOMINGO, R.D.- Los implicados en presunta corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) facturaban servicios dehemodiálisisa personas fallecidas, según el expediente de solicitud demedida de coerción presentado por el Ministerio Público.
Asimismo, el documento detalla que en procesos cardiovasculares realizaban procedimientos quirúrgicos donde reportaban lesiones inexistentes o de tamaño irreal que no podían ser corroborados.
También subraya que en los casos de pacientes oncológicos aumentaban el número de sesiones de radioterapia y quimioterapia y la realización de endoscopias digestivas altas y colonoscopia a pacientes sin riesgos.
Provenientes de ese desfalco adquirían bienes y la creación de un patrimonio ilícito, registrado a nombre de testaferros para evadir la persecución, según el documento del Ministerio Público, que consta de más de 500 páginas.
"Pagaron un incremento fraudulento la facturación al SeNaSa producto de sobre tratamiento de los pacientes como los casos de pacientes oncológicos abultando el número de sesiones de radioterapia y quimioterapia; en procesos cardiovasculares con la colocación de stents coronarios innecesarios, realizando procedimientos quirúrgicos en piel donde se reportaban lesiones inexistentes o de tamaño irreal que no podían ser corroborados; la realización de endoscopias digestivas altas y colonoscopia a pacientes sin riesgos ni sintomatología expresa, servicios de hemodiálisis facturando a personas fallecidas". Cita el documento de medida de coerción depositado por el Ministerio Público en el caso Senasa.
El Ministerio Público entregó el martes la socilitud de medida de coerción en contra de los diez implicados en presunta corrupción administrativa en Senasa.
El pasado sábado quedó bajo arresto el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazím, quien se presentó ese mismo día con su representante legal, Miguel Valerio.
Hazim fungió como director ejecutivo de Senasa desde 2020 hasta agosto de 2025, fecha donde fue sustituido, mediante el decreto 461-25, por el doctor Edward Rafael Guzmán Padilla.
Los diez inculpados de supuesta corrupción administrativa en Senasa son, además de Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, gerente financiero de la institución entre 2020-2025; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico del Senasa.
También Francisco Iván Minaya Pérez, gerente de servicios de Salud de Senasa entre 2020-2025; Ramón Alan Speakler Mateo, quien laboraba en la entidad desde 2016; Eduardo Read Estrella, miembro del grupo Read y propietario de la empresa Khersun S.A, Cinty Acosta Sención y gerente de la empresa Madison Medical, S. A; Ada Ledesma Ubiera, propietaria de la distribuidora Lufarka; Rafael Martínez Hazim, que se entregó la tarde del martes 8 de noviembre y Heidi Mariela Pineda.
De izquierda a derecha: Santiago Hazim, Francisco Iván Minaya Pérez y Germán Flores
Por: Saulo Mota Telemín
SANTO DOMINGO, R.D.-El Ministerio Público anunció durante el fin de semana la puesta en marcha de la denominada "operación Cobra", en la que acusa a un grupo de personas de haber sustraído dinero al patrimonio público a través del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Durante el operativo, que conllevó una docena de allanamientos con la participación de más de 20 fiscales y 200 agentes policiales, fue arrestado el exdirector de Senasa, Santiago Marcelo Hazim Albainy.
Este exfuncionario, de acuerdo con la solicitud de medida de coerción en contra de los imputados en este caso judicial depositado este martes, es acusado de crear un Comité de Contrataciones Médicas a su llegada a la dirección del Senasa.
Según los fiscales, Hazim Albainy creó el referido comité de forma arbitraria y sin sustento legal, alterando en el proceso el mecanismo con el que funcionaba previamente para la evaluación y aprobación de prestadores de servicios de salud.
Asimismo, el Ministerio Público aseguró que el exdirector de Senasa eligió a sus empleados "más cercanos", siendo estos Francisco Iván Minaya, Roberto Canaán, Gustavo Guilamo, Germán Robles y Carmen José Velázquez.
"Este comité respondió exclusivamente a la intención de concentrar las decisiones de contratación en un grupo reducido de colaboradores de extrema confianza, todos bajo su (Hazim Albainy) línea directa de autoridad", leía parte de los documentos depositados.
Igualmente, el órgano persecutor afirmó que este comité servía como un medio para que Hazim Albainy pudiera favocer a prestadores de salud vinculados a amistades, a su círculo político, a personas que lo habían apoyado políticamente o simplemente a quienes lo sobornaran.
¿CÓMO FUNCIONABA EL SUPUESTO ENTRAMADO?
Según el documento de solicitud de medida de coerción en contra de los implicados en el caso Senasa, Santiago Hazim Albainy incluía en el presunto entramado a sus "asistentes más cercanas", identificadas como Johana Fernández y Johanna Grullón, quienes en se presentaban a las reuniones con listas predeterminadas de prestadores que debían ser aprobados por órdenes directas del exfuncionario.
El Ministerio Público también aseveró que este grupo trabajaba de manera "articulada" para aprobar contratos a prestadores que supuestamente no cumplían con los requisitos mínimos legales ni técnicos, pero que eran promovidos por el entonces director del Senasa bajo argumentos como "aportó en la camраñа" о "hay que ayudarlo".
EL ROL DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ
Los fiscales indicaron en el expediente que Germán Robles, en su rol de consultor jurídico, ejercía un "poder determinante", afirmando que era el encargado de imponer la aprobación de los prestadores "agraciados" y gestionando de manera directa contratos fuera del procedimiento regular.
De manera similar está el gerente de salud, Francisco Iván Minaya. El rol de esta persona era homologar los acuerdos y dirigir las reuniones del Comité de Contrataciones de Prestadores.
En el caso de Roberto Canaán, gerente de atención al usuario, su trabajo consistía en presionar la habilitación y ampliación de prestadores sin documentación o infraestructura adecuada.
Por igual es mencionada la gerente de afiliación, Carmen José Velázquez, quien participaba en la validación y firma sistemática de actas que recogían decisiones previamente pactadas con Hazim Albainy.
ENTRAMADO FUNCIONÓ HASTA ESTE AÑO
En el expediente, el Ministerio Público aseguró que este entramado se mantuvo en función entre 2020 y 2025.
Sin embargo, se subrayó en estos documentos que Santiago Hazim Albainy comenzó a recibir "beneficios" antes de ocupar su puesto frente al Senasa e instalar su comité.
El órgano persecutor afirmó que Santiago Hazim Albainyrecibió una yipeta Lincoln Navigator valorada en más de RD$ 6.7 millones, que tras ser investigada, fue vinculada al empresario José Pablo Ortiz Giráldez.
La estudiante Stephora Ann-Merci Joseph murió ahogado durante una excursión.
Por: Indira Vásquez
SANTIAGO, R.D.- Veinticinco días pasaron para que se diera a conocer la presunta causa de lamuerte de Stephora Ann-Merci Joseph. De acuerdo al informe552-2025 del Instituto Nacional de Ciencias Forenses fechado el 19 de noviembre, la niña murió por “asfixia mecánica por ahogamiento, es unamuerte violenta”.
De etiología médico legal indeterminada, el mecanismo de la muerte fue “insuficiencia respiratoria, la forma de producirse la muerte fue rápida”.
En el documento no se establece la hora de la muerte, ya que aunque en el relato fáctico del Ministerio Público se establece que los hechos comenzaron a las 9:45 de la mañana, el levantamiento del cadáver se produjo a las 2:05 de la tarde.
Los hechos
Según el Ministerio Público, “a las 9:44 de la mañana, la víctima se adentra a la piscina, caminando confiada". La piscina se encontraba sin ningún tipo de señalización y al momento en que llega a la mitad de la misma, la menor "se percató de que el nivel de agua era diferente y de inmediato empezó a hundirse y a hacer señas de auxilio con los brazos muestra de que se estaba ahogando".
El escrito del órgano acusador continúa explicando "que a las 9:45 (de la mañana) la menor de edad realizó gesto de desesperación, luchando por tomar aire, por mantenerse a flote, por sobrevivir".
En la solicitud de medida de coerción se establece que "mientras se estaba ahogando, la imputada Francisca Josefina Tavárez Vélez, camina por el borde de la piscina, justo al lado de la víctima y se desplaza sin siquiera voltear la cara, en cambio se dirige a la parte de la piscina donde está el jacuzzi y habla con unos niños que están ahí, regresando a la parte del gazebo, volviendo a pasar al lado de la víctima, sin que nada le llame la atención. Esta es una muestra extrema de la falta de cuidado y de la forma negligente e irresponsable en la que las imputadas realizaron la supervisión del área de la piscina".
El cuerpo de la niña ahogado permaneció en el fondo de la piscina durante 30 minutos, de acuerdo al análisis pericial del Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) cuando otro menor detectó el cuerpo de Stephora, que ya había subido, y es él quién ayuda a sacarla.
"Se ahogó, se ahogó", gritaba el menor, mientras llamaban a la imputada Vilma Altagracia Vargas Morel.
Maestras viendo el teléfono y conversando
En su relato establece que durante esos 31 minutos la imputada Vilma Altagracia Vargas Morel utilizaba su aparato celular, sin ver lo que estaba pasando, siendo todo esto captado por las cámaras de seguridad del lugar.
Posteriormente se mantenía conversando con la imputada Francisca Josefina Tavárez Vélez, "sin hacer una revisión de los menores de edad, que se encontraban dentro de la piscina".
No querían llamar al 911
El expediente revela un detalle estremecedor, cuando un empleado de la hacienda y varios estudiantes insistieron en llamar al 911 a las 10:20 a. m., la imputada Francisca Tavárez respondió: “No. Están llamando a la directora.”
Se llamó primero al colegio, no al sistema de emergencias. La madre tampoco fue informada de inmediato, la llamaron 1 hora 25 minutos después de que estaba muerta para decirle que se estaba vomitando.
Cuando finalmente se activó el 911, ya Stephora estaba muerta.
La estudiante Stephora, de 11 años, murió en una excursión de un colegio.
Llamaron a madre más de una hora después
A la madre que llegó poco más de las 12:00 del mediodía le dijeron que su hija estaba viva bajo cuidados médicos. Le comunicaron la muerte 4 horas después de estar en la parte frontal de la hacienda.
Durante ese tiempo entraron unidades del DICRIM, del SWAT y una ambulancia…, pero nadie salió a hablar con la madre.
En su relato el Ministerio Público tampoco establece qué se hizo con la niña desde las 10:20 hasta las 2:05 de la tarde, cuando se hace el levantamiento del cadáver
Violación de los protocolos
El documento detalla que el colegio organizó la actividad llamada “Agasajo Guardia de Honor” violando la Orden Departamental 09-2009, que prohíbe terminantemente excursiones y actividades recreativas en ríos, playas, lagos y piscinas.
Pese a la prohibición, el centro aprobó la actividad, coordinada por las imputadas, para 87 estudiantes de entre 10 y 18 años, incluyendo a Stephora.
El lugar escogido fue Hacienda Los Caballos, un espacio que, de acuerdo al informe de la Defensa Civil, no contaba con salvavidas, señalización, rutas de evacuación ni protocolos de emergencia.
Sin verificar quién sabía nadar
Aunque los padres debían firmar una autorización para el uso de la piscina, el colegio nunca preguntó si los niños sabían nadar.
La propia madre de la niña declaró al Ministerio Público:
“Mi hija no sabía nadar. Yo pensaba que era una piscina de niños. Ellos no me dieron detalles”.
En el audiovisual se puede observar cómo un grupo de al menos cinco niños la ve mientras ella levanta las manos pidiendo ayuda al momento en que se está ahogando, ellos la señalan, pero nadie pide ayuda. De hecho, van hacia otros puntos de la piscina sin dar parte a las maestras, ni a ningún otro personal allí presente.
Las imputadas
La Fiscalía de Santiago depositó la solicitud de medida de coerción contra cuatro integrantes del equipo directivo y docente del colegio Leonardo Da Vinci, acusadas de homicidio involuntario, abandono y maltrato a menores.
Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del instituto Leonardo Da Vinci; Gisela Altagracia de las Mercedes González, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavárez Vélez, orientadora y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.
Responsabilidad penal
El Ministerio Público sostiene que las cuatro imputadas actuaron con torpeza, negligencia e imprudencia extrema, incumpliendo su deber de cuidado y violando normas nacionales.
La calificación jurídica que ha dado el Ministerio Público es homicidio involuntario (art. 319 CP), abandono y maltrato a menores (art. 351-2 CP) y Violación al Código de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).
Para el Ministerio Público, la muerte de Stephora fue resultado directo de una excursión ilegal, en un lugar inseguro con falta total de supervisión, la omisión de auxilio y el incumplimiento de protocolos.
