El candidato presidencial del PRD, Miguel Vargas Maldonado, es mencionado en varias partes del reportaje de primera página de la popular revista española Interviú, en su edición de esta semana, como relacionado con importantes acusados del escandaloso ‘Caso Marbella’.
Esta es la segunda vez que Interviú destaca el caso de la investigación del ‘Caso Mabella’ y sus posibles ramificaciones en la República Dominicana, en cuyas investigaciones se destaca a Miguel Vargas. La televisora española Antena 3, en su programa ‘7 días,7 noches’, hizo un amplio reportaje del tema en la misma línea, basado en las ‘conexiones’ del ‘Caso Marbella’ en República Dominicana, donde Miguelito es uno de los protagonistas principales.
Isabel Pantoja pagó más de tres millones de euros por su casa de Marbella a una empresa de Gibraltar. Y allí, en el Peñón, se paró la investigación policial. Pero la operación llega más lejos a 6,000 kilómetros de distancia. Interviú ha tenido acceso a datos que demuestran que la firma vendedora del chalé radica en República Dominicana, donde está siendo investigada como parte de una red de ‘blanqueo de dinero’, controlada por el empresario imputado en la ‘Operación Malaya’ o ‘Caso Marbella’, Carlos Sánchez, asociado con un candidato a la presidencia de ese país.
A continuacion publicamos el texto de la información de Interviú, difundido en la edición de esta semana por la popular revista española, por considerarlo de interés en el debate electoral dominicano actual.
JAVIER CHICOTE
INTERVIU
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Isabel Pantoja compró su casa una red de investigada por blanquear dinero en República Dominicana. Los auténticos beneficiarios de la operación, rubricada en abril del 2004, se ocultaron tras el velo de varias sociedades anónimas, con el paraíso fiscal de Gibraltar como telón de fondo. Y en el Peñón se estrellaron los investigadores de la operación Malaya, que analizaron con lupa el asunto hasta chocar con el secreto societario de la Roca.
Una empresa con nombre británico –Stoneseed Holdings Ltd- era la útlima pieza visible del puzle. Y después de eso, nada. El veto informativo de Gibraltar paralizó las pesquisas de la justicia española, que las desgranó como causa separa y que mantiene imputados por blanqueo de dinero al ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y a su compañera sentimental, la tonadillera Isabel Pantoja, a la espera de juicio.
La red de empresas participantes en la compra-venta de la propiedad marbellí que terminó en manos de Isabel Pantoja es más compleja de lo que aparentaba, y lleva hasta el Caribe. Los datos corroborados por Interviú llevan a dar con los responsables reales del entramado societario, que desemboca a 6,000 kilómetros de distancia. Es una red de sociedades que las policías de España y de la República Dominicana investiga bajo la sospecha de actividades detenidas a la evasión de capitales y el blanqueo de dinero.
El principal beneficiario de la transacción que se firmó por más de tres millones de euros, no es otro que el empresario granadino con intereses en Marbella Carlos Sánchez, considerado el mentor empresarial de Juan Antonio Roca, principal imputado en la operación Malaya. El holding de Sánchez – encabezado por la matriz CCF21 Negocios Inmobiliarios, con oficinas en la calle Goya, de Madrid- tiene la práctica totalidad de la firma Greco Development Corporation según figura en documentos registrales oficiales del estado dominicano que obra en poder de esta revista.
Esta sociedad, creada en la República Dominicana, canaliza las inversiones de Sánchez en el país y controla Stonessed Holdings Limited, firma afincada en Gibraltar. Así lo confesó el constructor Andrés Lietor -socio de Carlos Sánchez durante los últimos 25 años-, al juez Miguel Angel Torres el 29 de mayo de 2007, así figura en el tomo 106 del sumario de la ‘Operación Malaya’.
Desde allí, y por medio de esta empresa, Sánchez era el verdadero propietario de la casa vendida a Isabel Pantoja, por medio de la empresa interpuesta: Huracán del Oeste Inversiones SL., que a su vez pertenece a Stonessed.
La operación se cerró el 29 de abril del 2004. En esta fecha, Panriver 56, una de las sociedades patrimoniales de Isabel Pantoja, que toma su nombre de los apellidos de la tonadillera y del que fuera su marido, el torero fallecido Francisco Rivera, firmó ante notario la compra del chalé ‘Mi Gitana’, emplazado en la zona marbellí de Nueva Andalucía. El comprador no era una persona física, sino la empresa de Pantoja, que evitaba así inscribir su nombre propio en el Registro de la Propiedad.
Lo mismo sucede con el vendedor, Carlos Sánchez. En su nombre actúa una firma llamada Huracán del Oeste Inversiones, con sede en España. Julián Muñoz ocuparon la vivienda incluso antes de formalizar la compra. En 2003, la Revista Tiempo publicó que el ex alcalde de Marbella había comprado la propiedad por 1,9 millones de euros y que le había cambiado el nombre, rebautizándola ‘Mi Gitana’, en alusión a Isabel Pantoja.
Para rebatir el trabajo periodístico, Julián Muñoz hizo público un contrato de arrendamiento firmado entre la pareja y la empresa titular de la vivienda, Huracán del Oeste Inversiones, que fue quien formalizó la compra. En realidad, según informes policiales a los que ha tenido acceso Interviú, los casi dos millones de euros fueron desembolsados por el entramado de Sánchez mediante una transferencia a Suiza a un ciudadano sueco que era el antiguo dueño de Huracán y, por tanto, del chalé.
El precio anual del supuesto arrendamiento rondaba los 24,000 euros, cifra muy por debajo del precio de mercado en la zona. Eso levantó sospechas de los agentes encargados de la ‘Operación Malaya’, con la tesis de que el contrato de alquiler podía ser una mera cortina de humo para ocultar la persona que era la propietaria del inmueble.
Según recoge el sumario del caso, Juan Antonio Roca empleó un procedimiento similar por medio de sociedades en Gibraltar para ocultar su presunta titularidad sobre dos viviendas en Marbella. Meses después, la empresa de Isabel Pantoja formalizó la compra. El montante de la operación fue a parar a manos de Sánchez y sus socios por medio de varias sociedades interpuestas. Y por supuesto fuera del alcance del fisco español.
La casualidad ha querido que la empresa que canaliza las acciones y los activos de este entramado, Greco Development, se denomine igual que los Grupos de Respuesta Especial Contral el Crimen Organizado (GRECO), una unidad de la Guardia Civil que lucha contra el fraude urbanístico y de las mafias organizadas en la Costa del Sol. El mismo apelativo recibe además una conocida familia de la mafia siciliana.
Según ha podido saber Interviú Sánchez vendió la finca a la pareja, con 650 metros cuadrados edificados y 3,000 de parcela, por 3,650.000 euros, según figura en el Registro de la Propiedad y en el sumario de la ‘Operación Malaya’. Se embolsó una plusvalía de casi 1,800.000 euros, 300 millones de las antiguas pesetas, cantidad que pasa a ser propiedad automática de la sociedad dominicana sin pasar por Hacienda.
De este modo, el promotor granadino se ahorró una importante suma en impuestos. El mismo día de la transacción de ‘Mi Gitana’, Isabel Pantoja adquirió un solar en la misma urbanización. Unos meses antes había comprado un apartamento de 180 metros cuadrados en un hotel marbellí de cinco estrellas, el Guadalpín. Todo ello pese a llegar a Marbella con importantes problemas económicos.
Su relación con Muñoz la puso en el punto de mira del UDYCO, la unidad de lucha contra el crimen organizado de la Policía, que investiga, entre otras cosas, la procedencia de 293,497 euros que la tonadillera ingresó en metálico en 29 tandas en el año 2003. Un año antes, cuando aún no estaba unida a Muñoz sólo ingreso en metálico 4,800 euros.
Antes de realizar esta operación, Carlos Sánchez había agasajado a Isabel Pantoja y a su novio, el entonces alcalde de Marbella, Julián Muñoz. Los había mimado tanto que incluso la pareja habitó varios meses en la casa de La Pera antes de comprarla. En teoría iban a pagar una renta mensual de 300,000 pesetas, pero nunca se les cobró, según confirma a esta revista el anticuario Javier Sainz, ex socio de Carlos Sánchez. Antes de cerrar la compra de la casa, la artista ya había construido dentro un estudio de grabación.
La ‘conexión’ dominicana
Para Carlos Sánchez no es nuevo agasajar políticos. Ya lo había hecho con Miguel Vargas Maldonado, el candidato del PRD a la Presidencia de la República Dominicana, y principal opción socialdemócrata del país. Durante sus viajes a España en su etapa como ministro de Obras Públicas del Gobierno de Hipólito Mejía, ha transcendido que Carlos Sánchez pagaba su alojamiento en el hotel Villamagna, de Madrid, y que llegó a obserquiarle con más de 40,000 euros en piezas de arte y decoración. Hasta el punto que Vargas y Sánchez se hicieron socios y hasta amigos.
Sus operaciones conjuntas están siendo investigadas por el Sepblac español, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
Es el caso de Punta Perla, un resort en construcción cerca de las privilegiadas playas de Punta Cana que ocupará casi 900 hectáreas y 3,5 kilómetros de costa.
Sánchez compró el terrero por $40 millones de dólares y se lo vendió a Sungolf Desarrollo Inmobiliario S.A. por $240 millones de dólares. De la construcción se encargaría Paraíso Tropical. Tanto Sungolf como Paraíso Tropical estaban controladas por sociedades del propio Carlos Sánchez, como CCF21, Inversiones CCF y Greco, según consta en el Registro Mercantil de Santo Domingo en los que ha investigado esta revista.
Es decir, Carlos Sánchez se vendió unos terrenos a sí mismo generando una plusvalía de $200 millones de dólares.
Un especialista en blanqueo de capitales indica que esta es una forma estándar de hacer aflorar dinero oculto (nadie se vendería algo a sí mismo por seis veces su valor de compra sin obtener un beneficio).
En 2006, antes de ser detenido en el marco de la ‘Operación Malaya’, Sánchez había advertido al Banco Popular de que iba transferir a la República Dominicana $29 millones de dólares a través de sus empresas. El dinero nunca llegó.
Sánchez fue detenido y la entidad bancaria detuvo las transferencias por orden del departamento interno de la lucha contra el fraude y blanqueo de capitales del Banco Popular y congeló las cuentas bancarias. Entre ellas estaban las de las sociedades Trubia e Izmir, que Sánchez compartía con Miguel Vargas Maldonado, con su propio nombre y a través de testaferros.
La detención de de Sánchez fue el inicio de su decadencia financiera.
Fuentes de CCF21 han confirmado a esta Revista que la deuda de Sánchez con Vargas Maldonado asciende a diez millones de dólares. Otros acreedores le reclaman cantidades millonarias, hasta el punto que Sánchez ha recurrido a un prestamista que le ha facilitado un millón de euros para ir tirando.
Los impagos a Vargas Maldonado provienen de la venta del Hotel Casino Hispaniola y de unos áticos de lujo en la Torre Borero, ambos inmuebles en Santo Domingo, la Capital de la República Dominicana.
El político vendió a Sánchez el citado hotel siendo ministro de Obras Públicas, presuntamente vulnerando las leyes dominicanas. Prime privatizó el hotel, lo compró a través de intermediarios y se lo transfirió al empresario español.
La UAF (Unidad de Análisis Financiero) dominicana, órgano ejecutivo del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos, ha enviado a las autoridades españolas distintas informaciones sobre las operaciones de Sánchez y Vargas Maldonado. Agentes de la UDYCO se trasladaron al país caribeño, pero aún no han llegado a tomar declaración al cabeza del cartel del PRD.
Desde hace años, el empresario granadino ha expandido sus redes comerciales fuera de las fronteras españolas. Y especialmente en la República Dominicana, donde buscó un compañeros de viaje muy influyente para sus negocios, el candidato a la presidencia del país Miguel Vargas Maldonado.
El grupo de Vargas Maldonado con las siglas PRD, es el partido local con mayor masa social.
Independientemente, del candidato que represente, su caladero de votos está asegurado.
La justicia dominicana investiga ahora las operaciones de Sánchez en el país, donde realizó varios negocios con intervención pública y una tónica dominante: una pérdida manifiesta de recursos para el estado dominicano, al igual que sucedió según el sumario de la ‘Operación Malaya’ en sus negocios con el Ayuntamiento de Marbella.
Sánchez se solía reunir con Vargas Maldonado en el Hotel El Embajador de la capital dominicana. La octava planta tiene un centro de negocios muy conocido por los empresarios españoles, por donde ha pasado incluso el ex presidente Felipe González.
Otros constructores imputados en España como Tomás Olivo o José Avila Rojas también invirtieron decenas de millones de euros en el país caribeño.
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