Por: ALBERTO GARCIA HUERTA
SANTO DOMINGO.- Ante la situación suscitada en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) por la reservación de candidaturas de parte del presidente de la entidad, Miguel Vargas Maldonado, el ex presidente Hipólito Mejía y varios dirigentes, elevaron una impugnación jerárquica para invalidar la decisión de la instancia superior perredeísta.
En acto de alguacil enviado a Vargas Maldonado en su calidad de presidente y líder del partido blanco y a Mario Torres, en su calidad de secretario general interino, Mejía y los dirigentes perredeístas exigen dejar sin efecto y sin valor jurídico el artículo 13 del Reglamento para la XXVIII Convención Nacional Extraordinaria (CONACEX) en lo relativo a la preferencia de precandidaturas medidas por encuesta y al privilegio de reservas de candidaturas.
El documento ordena la reapertura del proceso de presentación de expedientes de solicitud de preinscripción de precandidatura para los cargos electivos en las elecciones de medio término, en el entendido de que fueron reservadas de manera irregular, violando todos los preceptos y reglamentos del PRD.
Los demandantes indican que de insistir en mantener la reserva de candidaturas, se verán en la obligación de acudir a la Cámara Contenciosa de la JCE para hacer valer y respetar los derechos de la mayoría perredeísta y sus aspiraciones en el proceso electoral del mayo de 2010.
El acto legal está fundamentado en lo que establece el artículo 176 de los Estatutos del PRD, que da facultad al Comité Ejecutivo Nacional la competencia “para revisar y modificar las desavenencias surgidas con la aprobación del mismo”.
Otro de los argumentos que esgrimen los demandantes es que el parámetro del 20 por ciento mínimo para decidir las precandidaturas a través de una encuesta contratada por la Comisión Nacional Organizadora y el presidente del PRD, “constituye una clara violación a los derechos de los militantes y dirigentes a elegir y ser elegidos para un cargo electivo cualquiera”.
De igual manera apelan al artículo 100 de la Constitución de la República, que establece el principio de igualdad y prohíbe los privilegios entre los ciudadanos dominicanos.
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