Caracas, 12 jun (EFE).- Los denominados "presos políticos" del Gobierno del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, calificaron hoy de "terrorismo judicial" la orden de aprehensión dictada contra el empresario automovilístico y de televisión Guillermo Zuloaga. "Quienes padecemos la represión judicial del señor Chávez sabemos que éste es un proceso político", manifestaron en un comunicado nueve de quienes se hacen llamar "presos políticos", entre ellos dos ex jefes policiales recientemente sentenciados por varios de los 19 muertos que dejó el golpe de Estado contra Chávez de abril de 2002.
La orden de detención contra el director de Globovisión, emisora muy crítica de Chávez, es por "usura genérica y agavillamiento" (asociación con fines ilícitos) que afronta como propietario de una concesionaria de vehículos, aclaró anoche la fiscal general.
Esta orden también afecta a uno de los hijos de Guillermo Zuloaga, del mismo nombre, quien tampoco se encontraba en el lugar al que acudió la fuerza pública para intentar detenerlos.
Una vez que las autoridades policiales logren aprehenderlos, lo que no ha sucedido hasta el mediodía de este sábado, ambos deben ser presentados ante el Tribunal 13 de Control que conoce la causa, donde se decidirá si se les concede o no la libertad condicional.
En una propiedad urbana de Zuloaga en el este de Caracas, donde el empresario dijo que funcionaban unas oficinas suyas, fueron hallados el 23 de mayo de 2009 una veintena de vehículos nuevos de una distribuidora automovilística propiedad de ambos.
La acusación consiste en que Zuloaga y su hijo tenían ocultos esos vehículos para luego especular con el precio de venta.
"Nosotros puede ser que especulemos, pero damos fuentes de empleos", dijo luego Zuloaga, en unas declaraciones que los medios estatales reproducen insistentemente.
El comunicado de los "presos políticos" sostiene que en realidad Chávez "quiere silenciar, por la vía de la fuerza, un medio de comunicación que sirve de ventana para reflejar esta hora menguada y bochornosa que hoy vive el país".
"En Venezuela, el presidente ordena y horas más tarde los tribunales ejecutan. Así de grave es el estado de indefensión que vivimos", añadieron.
A su vez, Alberto Ravell, uno de los accionistas de Globovisión y hasta hace poco su director general, cargo del que fue destituido recientemente por Zuloaga por razones no reveladas, opinó que la orden de detención obedece a "la misma táctica chavista de siempre: tapar un escándalo con otro".
Ravell aludió a unas importaciones gubernamentales de alimentos que en los últimos días fueron hallados podridos o ya caducos.
El Gobierno "decidió que él es un acaparador de carros, cuando es de conocimiento público que Guillermo Zuloaga tiene una concesionaria y que los automóviles no son un bien que escaseen ni son de primera necesidad", agregó Ravell a la Radio 10.
"Dicen incluso que, de detenerlo, quieren llevar al presidente de Globovisión a una cárcel de máxima seguridad", añadió.
Además de ese caso judicial, Zuloaga afronta otro por "varios delitos por ofensa o vilipendio" y también por "divulgación de información falsa", ha confirmado la fiscal general.
Chávez acusó a Zuloaga el 3 de junio de haber dicho en una reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), celebrada en Aruba en marzo pasado, que él mandó a matar a las diecinueve víctimas que dejó el golpe de Estado que lo derrocó durante dos días en abril de 2002, pero que se abstenía de demandarlo judicialmente.
Zuloaga fue detenido el pasado 25 de marzo, pero unas horas después fue dejado en libertad condicional. EFE
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