SD. El procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, solicitó a la Suprema Corte de Justicia imponer como medida de coerción la prisión preventiva en del senador Amable Aristy Castro, al que acusa de la comisión de presuntos actos de corrupción durante su ejercicio en la Liga Municipal Dominicana (LMD).
En una instancia dirigida al presidente de la SCJ, Mariano Germán Mejía, y a los demás jueces del tribunal, solicita apoderar a un juez de la Instrucción Especial, a los fines de que sea fijado el día y la hora para conocer la
medida cautelar.
Domínguez Brito basa su petición en un informe de auditoría remitido por la Cámara de Cuentas, el 6 de septiembre pasado.
El arqueo destaca, entre otros aspectos, que durante la gestión de Aristy Castro, la LMD desembolsó el monto de RD$75,317,600, por concepto de raciones alimenticias para ser donadas, de las cuales no se obtuvo evidencia que permitiera confirmar los beneficiarios directos de las mismas, debido a que los productos no eran enviados directamente desde los almacenes de los proveedores hasta los lugares donde se realizaban los operativos.
La petición de coerción en contra del legislador es realizada, luego que el procurador anunció la revocación de un archivo provisional a la investigación iniciada en ocasión de una auditoría financiera y legal practicada por la Cámara de Cuentas a la LMD, durante la gestión de Amable Aristy Castro.
La decisión había sido adoptada mediante auto No.03099, emitido el 10 de agosto, por la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), en ocasión de los informes de auditoría practicados por la Cámara de Cuentas, durante el período comprendido entre el primero de enero al 31 de diciembre de 2006.
También el más reciente informe definitivo que abarca desde el primero de enero al 31 de diciembre de 2009, "sin desmedro de ampliar esta investigación a otros años de ejecución presupuestaria.
La petición
Tras anunciar la revocación del archivo provisional, Domínguez Brito plantea que con la reapertura de la investigación y luego de agotar las diligencias necesarias, el Ministerio Público estará en capacidad de descartar o comprobar si los hechos denunciados en contra del senador reúnen los suficientes elementos para fundamentar acusación en su contra.
Agrega que es obligatoriedad del Ministerio Público perseguir todos los hechos punibles de que tenga conocimiento siempre que existan elementos para verificar su ocurrencia.
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