MÉXICO.- El nuevo presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció hoy trece decisiones de su Gobierno que incluyen la creación de un programa nacional para la del delito, con el fin de combatir la ola de inseguridad con medidas integrales.
"Estoy convencido de que el delito no se combate con la fuerza", afirmó Peña Nieto en su primer mensaje a la nación poco después de asumir como jefe de Estado.
Ese programa fue colocado en el primer lugar de sus decisiones inmediatas, que buscan una serie de reformas legales y administrativas para luchar contra la
pobreza, impulsar las inversiones y controlar el gasto público, entre otras.
"México exige vivir en paz", insistió Peña Nieto en su discurso, que pronunció en un patio del Palacio Nacional, sede oficial del Gobierno, ante la presencia de más de un millar de invitados, incluidos varios jefes de Estado y de Gobierno.
En su mensaje, de 50 minutos, dijo que ese programa "transversal" de prevención del delito será aplicado por varios ministerios e incluirá el rescate de espacios públicos y brindar las garantías de seguridad para los procesos productivos.
La propuesta llega en medio de una de las peores olas de violencia que sufre México en los últimos años por las acciones del crimen organizado, con decenas de miles de muertos en los últimos seis años. También anunció su intención de presentar una reforma constitucional para unificar todos los códigos penales existentes con el fin de evitar que se castigue "de maneja distinta los mimos delitos". "Ello dificulta la acción de la Justicia", afirmó.
Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que regresa al poder en México después de doce años en la oposición, anunció también que pedirá que se "desista de la controversia sobre la Ley General de Víctimas y se publique tal y como fue aprobada por el Congreso". "Sé que esta ley es perfectible", añadió Peña Nieto, quien convocó a las distintas partes para mejorarla más adelante, pero mientras tanto contar con una ley "que proteja cuanto antes" a las víctimas.
Ley General de Víctimas fue enviada por los legisladores en abril pasado para ser promulgada por el Ejecutivo y publicada en el Diario Oficial. No obstante, en julio pasado, después del proceso electoral mexicano, el entonces presidente Felipe Calderón intentó devolver esa norma al Congreso, lo que generó rechazo de las fuerzas políticas.
Calderón argumentó que la ley mantenía vacíos jurídicos que era necesario superar, y presentó una demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte, que decidió suspender el ordenamiento legislativo mientras estudiaba el caso.
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