Cuando el año pasado Enrique Peña Nieto ganó las elecciones presidenciales de México, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó el país por 70 años, fue restaurado al poder después de una ausencia de 12 años.
A muchos de los que les gustaba la retórica reformista del telegénico de 46 años, incluyendo a este periódico, les preocupaba que una vez que el PRI estuviese de vuelta en el poder regresaría a sus viejas y autoritarias formas.
Peña merece elogios por sus primeros cuatro meses en el poder. Después de firmar un pacto con los dos partidos principales de la oposición para superar el
estancamiento que ha prevenido las reformas, especialmente de los monopolios que refrenan a México, el nuevo presidente ha puesto en la mira a los monopolistas.
Una reforma educativa está dirigida a asumir el control de las escuelas del sindicato de maestros cuya líder por mucho tiempo, Elba Esther Gordillo, fue rápidamente arrestada acusada de malversación (que ella niega).
Luego siguió una medida de gran alcance potencial para obligar a más competencia entre las empresas de telecomunicaciones que han hecho a Carlos Slim el hombre más rico del mundo, y a Televisa, una poderosa red de televisión que sus críticos alegan hicieron favores a Peña durante la campaña.
Esta semana el presidente firmó una nueva ley restringiendo las medidas cautelares, abusadas por los ricos y poderosos para bloquear las medidas reguladoras o legislativas.
Peña no es el único que merece el crédito. También lo merece la oposición. Ha reconocido que los mexicanos desean el cambio, y se están comportando mejor de lo que lo hizo el PRI cuando no estaba en el gobierno.
Un nuevo optimismo envuelve las perspectivas en México. El peso ha subido en 16% contra el dólar desde junio pasado.
Pero para que Peña pueda mantener su promesa de elevar el nivel del crecimiento económico de su país a 5-6% al año, el presidente todavía necesitará tomar algunas decisiones difíciles.
Primero, el promulgar una ley para hacer las telecomunicaciones más competitivas es solo un primer paso: debe ser implementada eficazmente. Segundo, mucho descansa en la propuesta reforma energética.
México podría convertirse en una superpotencia energética, pero la producción de petróleo ha decaído desde el 2004, y el país importa gasolina y gas natural de los Estados Unidos.
De eso se debe culpar a Pemex, el monopolio estatal. Tristemente, el presidente se retractó de la idea de privatizar en parte a Pemex, pero por lo menos él debería permitirle ofrecer contratos de riesgo compartido a inversionistas privados para la exploración en aguas profundas, gas de esquisto y refinería, e invertir más de sus beneficios, en lugar de entregarlos al Estado en impuestos.
De manera que la reforma energética debe acompañar los cambios fiscales, que también financiarían una reforma de la seguridad social diseñada para reducir los incentivos a los mexicanos para que trabajen en la economía informal, como lo hace uno de cada dos actualmente.
Otra gran prueba para Peña es la seguridad. Su predecesor, Felipe Calderón, declaró una "guerra" a los narcotraficantes que resultó en la muerte de 70,000 personas en seis años, 30,000 "desaparecieron" y la extorsión y los secuestros se convirtieron en la orden del día.
Peña necesita gastar menos recursos en mandar soldados a luchar contra los capos de las drogas y más en el fortalecimiento de la policía y el sistema legal. Él parece comprender esto.
Ha propuesto una nueva gendarmería paramilitar, pero no ha sido claro acerca de su papel o su financiamiento y todavía tiene que diseñar un plan para retirar la guardia de las calles, a pesar de sus crecientes abusos.
Un gobierno firme, pero no un monopolio político.
Al PRI le gusta alegar que su larga experiencia de gobierno significa que sabe cómo dirigir el país. Peña sí parece más hábil en el ejercicio del poder presidencial que sus dos predecesores inmediatos.
Su mano segura podría servir bien a sus compatriotas, pero si la emplea para resucitar el monopolio de su partido político, perderá su reputación de un brillante nuevo rompe monopolios.
La reforma energética debe acompañar los cambios fiscales, que también financiarían una reforma
de la seguridad social diseñada para reducir
los incentivos a los mexicanos para que trabajen
en la economía informal, como lo hace uno
de cada dos actualmente.
© 2012 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.
De The Economist, traducido por Diario Libre y publicado bajo licencia. El artículo original en inglés puede ser encontrado en www.economist.com
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