SANTO DOMNGO.-La comisión bicameral que estudia el proyecto de ley de reforma policial recibió numerosas propuestas dirigidas a modificar o enriquecer la iniciativa, durante la primera vista pública celebrada a tales fines.
Las propuestas giraron, entre otras cosas, en torno a la necesidad de mejorar la escala salarial de los policías, la democratización de la institución, el derecho al voto y su participación en política.
Por ejemplo, el magistrado Frank Soto, juez de la Suprema Corte de Justicia, se mostró en desacuerdo con la creación de “comisiones civiles independientes” para investigar “denuncias graves” de ciudadanos, por considerar que es suficiente con las instituciones existentes, citando entre éstas, la Defensoría del Pueblo.
Para Soto tampoco es necesario que la Policía dedique espacio al llenado de un registro de vehículos en todo el país, si existen instituciones que le pueden suministrar esas informaciones.
Las organizaciones de la sociedad civil tuvieron entre sus interlocutores a Servio Tulio Castaños Guzmán, de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), para quien es importante que el proyecto de ley reconozca la subordinación de la Policía al poder civil.
Castaños Guzmán cree necesario colocar la prevención, la investigación y la persecución como las misiones fundamentales de la institución, pero además, eliminar de este cuerpo el lenguaje militar.
Por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expuso el abogado Cándido Simó, para quien es importante la transformación de la función policial para alcanzar un estado derecho en que “la ley es marco de referencia exclusivo”.
Simó también es partidario de que los policías cuenten con el derecho de votar en las elecciones.
En tanto que el aspecto salarial fue enfatizado por exgeneral Raúl Almonte Lluberes, del Instituto de Generales Retirados de la Policía. “Un policía no puede ser digno, honrado, vestir bien, tener buena casa y atender a su familia con seis mil pesos”, comentó el oficial retirado.
Asimismo, Daniel Pou, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), sugirió agregar a un representante de las organizaciones de la sociedad civil al Consejo Superior Policial.
En la jornada de vista pública, dirigida por el senador Julio César Valentín, expusieron sus criterios representantes de Participación Ciudadana, la Universidad Católica Santo Domingo, el movimiento Jóvenes contra la Violencia, Alianza Pro Seguridad, Centro Juan XXIII, la Fundación Abalón, Toy Jarto, Adoco, Alianza por la Seguridad Ciudadana, Justicia y Transparencia, entre otras.
Las propuestas giraron, entre otras cosas, en torno a la necesidad de mejorar la escala salarial de los policías, la democratización de la institución, el derecho al voto y su participación en política.
Por ejemplo, el magistrado Frank Soto, juez de la Suprema Corte de Justicia, se mostró en desacuerdo con la creación de “comisiones civiles independientes” para investigar “denuncias graves” de ciudadanos, por considerar que es suficiente con las instituciones existentes, citando entre éstas, la Defensoría del Pueblo.
Para Soto tampoco es necesario que la Policía dedique espacio al llenado de un registro de vehículos en todo el país, si existen instituciones que le pueden suministrar esas informaciones.
Las organizaciones de la sociedad civil tuvieron entre sus interlocutores a Servio Tulio Castaños Guzmán, de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), para quien es importante que el proyecto de ley reconozca la subordinación de la Policía al poder civil.
Castaños Guzmán cree necesario colocar la prevención, la investigación y la persecución como las misiones fundamentales de la institución, pero además, eliminar de este cuerpo el lenguaje militar.
Por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expuso el abogado Cándido Simó, para quien es importante la transformación de la función policial para alcanzar un estado derecho en que “la ley es marco de referencia exclusivo”.
Simó también es partidario de que los policías cuenten con el derecho de votar en las elecciones.
En tanto que el aspecto salarial fue enfatizado por exgeneral Raúl Almonte Lluberes, del Instituto de Generales Retirados de la Policía. “Un policía no puede ser digno, honrado, vestir bien, tener buena casa y atender a su familia con seis mil pesos”, comentó el oficial retirado.
Asimismo, Daniel Pou, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), sugirió agregar a un representante de las organizaciones de la sociedad civil al Consejo Superior Policial.
En la jornada de vista pública, dirigida por el senador Julio César Valentín, expusieron sus criterios representantes de Participación Ciudadana, la Universidad Católica Santo Domingo, el movimiento Jóvenes contra la Violencia, Alianza Pro Seguridad, Centro Juan XXIII, la Fundación Abalón, Toy Jarto, Adoco, Alianza por la Seguridad Ciudadana, Justicia y Transparencia, entre otras.
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