Santo Domingo, R.D.– Un desembolso superior a los RD$867,456,000.01 realizado por el Ministerio de Educación (MINERD) a Seguros Reservas, por concepto de una póliza de Seguro de Accidentes Personales para Estudiantes, ha generado creciente preocupación y cuestionamientos en amplios sectores de la sociedad dominicana, ante la aparente ausencia de beneficiarios visibles.
La millonaria póliza, contratada en el año 2023 y vigente hasta diciembre de 2025, supuestamente busca proteger a estudiantes del sistema educativo público frente a accidentes durante su jornada escolar. Sin embargo, padres, docentes y miembros de la comunidad educativa aseguran no conocer casos concretos de estudiantes indemnizados o asistidos bajo dicha cobertura.
Esta falta de información verificable ha encendido las alarmas, sobre todo por el alto volumen de recursos públicos comprometidos en un corto período, sin que existan informes públicos detallados que expliquen cuántos accidentes fueron cubiertos, en qué centros educativos, qué montos fueron pagados o cuáles resultados tangibles ha producido el seguro.
Los cuestionamientos se profundizan ante el silencio institucional y la ausencia de rendición de cuentas clara sobre la ejecución de la póliza, lo que ha llevado a ciudadanos y comunicadores a advertir sobre la posibilidad de un esquema de simulación de servicios, donde se pagan coberturas que, en la práctica, no llegan a quienes supuestamente están destinadas.
Si bien hasta el momento no existe una investigación oficial que confirme irregularidades o fraude, diversos sectores han reclamado de manera enérgica la intervención inmediata de la Cámara de Cuentas y del Ministerio Público, a fin de auditar el contrato, verificar su cumplimiento real y establecer responsabilidades si se comprueba un uso indebido de fondos del Estado.
Mientras estas preguntas siguen sin respuesta, el caso se suma a la lista de contratos estatales bajo la lupa pública, en un contexto donde la ciudadanía reclama transparencia, eficiencia y consecuencias frente al manejo de los recursos públicos.
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