Por: Ramón Cruz Benzán
SANTO DOMINGO, R.D.- El Ministerio Público presentó este jueves sus conclusiones formales en el juicio de fondo que se sigue contra los implicados el caso Coral, solicitando penas máximas de 20 años de prisión para los principales cabecillas y una condena especial de 5 años para el delator del caso, Raúl Alejandro Girón Jiménez.
Durante la lectura de las conclusiones, Mirna Ortiz, directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), solicitó que los imputados sean condenados por violación a la Constitución de la República, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco y lavado de activos provenientes del narcotráfico y otras infracciones graves.
Penas de 20 años y multas millonarias
La fiscalía solicitó al tribunal imponer una condena de 20 años de prisión y el pago de 400 salarios mínimos contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou (exdirector del CESTUR), Rafael Núñez de Aza, Rafael Camilo de los Santos Viola
Para estos procesados, el Ministerio Público también solicitó el decomiso masivo de cientos de bienes muebles e inmuebles, identificados mediante una extensa lista de pruebas materiales que abarcan desde propiedades de lujo hasta vehículos y activos financieros, en favor y provecho del Estado Dominicano.
El beneficio de la delación
En el caso del mayor del Ejército, Raúl Alejandro Girón, por su decisión fundamentada en la cooperación efectiva y el aporte de información clave para desmantelar la estructura, el Ministerio Público solicitó una pena reducida de 5 años de prisión y una multa de 200 salarios mínimos.
El Ministerio Público propuso que se tome en consideración el tiempo que el imputado ha cumplido bajo arresto domiciliario para dar la pena por cumplida en su totalidad o que el tiempo restante sea bajo la modalidad de pena suspendida, sujeta a reglas específicas.
Esto residir en un domicilio fijó aportado al tribunal, abstenerse del porte y tenencia de armas de fuego, presentarse mensualmente ante el juez de ejecución de la pena.

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