Por: Ing. Juan Felipe Ditrén Flores
Me preocupa profundamente que el debate sobre el Proyecto Romero en San Juan esté siendo dominado más por el miedo, la politica y las consignas que por la ciencia, la ingeniería y la evaluación ambiental seria.
Y quiero decirlo con responsabilidad: la gente tiene derecho a tener miedo. San Juan tiene derecho a defender su agua, su agricultura y su futuro. Las organizaciones sociales tienen derecho a protestar. Los políticos tienen derecho a fijar posición.
Pero los ingenieros, geólogos, ambientalistas, químicos, hidrogeólogos, agrónomos y profesionales de las ciencias también tenemos una responsabilidad: no permitir que el rumor sustituya al método científico.
No se puede aprobar un proyecto minero por promesas.
Pero tampoco se debe condenar antes de que concluyan los estudios técnicos.
La pregunta seria no es “minería sí” o “minería no”.
La pregunta seria es:
Eso es lo que debe guiar una decisión de Estado.
La minería histórica dominicana dejó heridas y pasivos ambientales. Eso no se puede negar. Pero tampoco podemos analizar un proyecto moderno como si estuviéramos en los años de Rosario Dominicana, Alcoa o cualquier operación desarrollada bajo marcos institucionales más débiles.
Hoy existe la Ley 64-00, existe Ministerio de Medio Ambiente, existen procesos de evaluación ambiental, licencias, planes de manejo, monitoreo, consulta pública, sanciones y veeduría técnica.
¿Funcionan perfecto? No.
¿Deben fortalecerse? Sí.
Pero precisamente por eso necesitamos más ciencia, no menos ciencia.
Más ingenieros revisando datos.
Más geólogos explicando el terreno.
Más hidrogeólogos hablando del agua.
Más químicos evaluando procesos.
Más agrónomos defendiendo la producción.
Más universidades participando.
Más transparencia pública.
Más medición y menos consignas.
Si el estudio demuestra que el Proyecto Romero representa un riesgo inaceptable para el agua de San Juan, debe rechazarse.
Pero si los estudios demuestran que los riesgos pueden ser prevenidos, mitigados, monitoreados y fiscalizados bajo estándares modernos, entonces el país tiene la obligación de discutirlo con madurez.
No se trata de defender una empresa.
Se trata de defender algo más importante: que las decisiones nacionales se tomen con evidencia.
Porque si como sociedad dejamos que la ciencia sea reemplazada por el miedo, entonces no solo pierde la minería.
Pierde la ingeniería.
Pierde la academia.
Pierde el Estado.
Y pierde la ciudadanía, que merece información clara, técnica y verificable.
San Juan merece agua, agricultura y desarrollo.
Pero sobre todo merece verdad.
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