El Ministerio Público anunció que recurrirá las absoluciones de otros cuatro imputados y destacó que continuará persiguiendo a las estructuras que sustrajeron fondos públicos destinados a familias vulnerables durante la emergencia sanitaria por COVID-19.
SAN JUAN DE LA MAGUANA.– Un tribunal de esta provincia condenó a cuatro hombres que integraban una estructura criminal dedicada a estafar al Estado dominicano mediante la sustracción de recursos económicos destinados a familias de escasos recursos, a través del programa de asistencia social «Quédate en Casa», implementado durante la pandemia de COVID-19.
La sentencia fue dictada tras acoger la acusación presentada por el Ministerio Público, que logró demostrar la existencia de un mecanismo fraudulento utilizado para apropiarse de fondos públicos que debían llegar a miles de hogares dominicanos en condiciones de vulnerabilidad.
Cuatro condenados a penas de hasta 10 años
Entre los condenados figura Daniel Villegas Aquino, conocido como Pocholo, quien recibió la pena más elevada, de 10 años de prisión. Además, deberá pagar una indemnización de RD$2 millones a la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) y una multa equivalente a 500 salarios mínimos del sector público.
Asimismo, Ambriori Encarnación Ubrí y Héctor Leury Ortiz de la Rosa fueron condenados a siete años de prisión cada uno. También deberán pagar indemnizaciones de RD$1 millón a la ADESS, respectivamente, y multas equivalentes a 250 salarios mínimos del sector público.
Por su parte, Rikelvin Alcántara Reyes recibió una condena de cinco años de prisión, además del pago de RD$1 millón como indemnización a la ADESS y una multa equivalente a 100 salarios mínimos del sector público.
Las indemnizaciones económicas suman RD$5 millones a favor de la institución afectada, actualmente denominada Dirección de Desarrollo Social Supérate. El tribunal también dispuso el decomiso de cerca de un millón de pesos ocupados a Villegas Aquino, a favor del Estado dominicano.
Ministerio Público apelará absoluciones
Sin embargo, el proceso judicial no concluye con estas condenas. El Ministerio Público anunció que apelará las decisiones absolutorias emitidas a favor de Manuel Alcántara Matos, Ernesto Mendieta Ogando, Sergio Alexander Bidó Nova y Juan José Polanco Fernández.
El órgano persecutor considera que existen fundamentos jurídicos y probatorios para solicitar que las absoluciones sean revisadas por una instancia judicial superior.
Durante el juicio, el Ministerio Público había solicitado 20 años de prisión para Daniel Villegas Aquino y Ambriori Encarnación Ubrí, mientras que para Héctor Leury Ortiz de la Rosa y Rikelvin Alcántara Reyes solicitó 15 años de cárcel.
En cuanto a Manuel Alcántara Matos, Ernesto Mendieta Ogando y Sergio Alexander Bidó Nova, la Fiscalía había solicitado penas de 10 años de prisión para cada uno, mientras que para Juan José Polanco Fernández pidió cinco años.
También solicitó el decomiso de tres vehículos ocupados durante un allanamiento realizado en la residencia de Villegas Aquino, así como de los bienes y objetos incautados durante un operativo en la propiedad de Encarnación Ubrí.
Así operaba la estructura fraudulenta
Las investigaciones establecieron que la organización utilizaba información personal y códigos de identificación de beneficiarios de los programas sociales para realizar transacciones fraudulentas mediante dispositivos electrónicos de pago conocidos como verifones, vinculados a establecimientos comerciales.
De acuerdo con las pesquisas, este mecanismo permitía procesar operaciones irregulares con recursos que estaban destinados a garantizar la alimentación y la asistencia económica de familias afectadas por la crisis sanitaria.
Durante los allanamientos, las autoridades ocuparon teléfonos y otros equipos electrónicos, dispositivos para procesar pagos, memorias digitales, documentos y dinero en efectivo.
Estas evidencias, junto con los análisis forenses practicados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), fueron incorporadas por el Ministerio Público como parte del sustento probatorio presentado ante el tribunal.
La investigación fue desarrollada por un equipo del Ministerio Público encabezado por los fiscalizadores Hernanda Arias Peña y Vicente Rodríguez Sánchez.
Cumplirán condenas en San Juan y Elías Piña
Los cuatro condenados deberán cumplir las penas privativas de libertad en los centros penitenciarios establecidos en la sentencia, específicamente en la cárcel pública de San Juan de la Maguana y el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Elías Piña.
El caso reviste especial importancia por tratarse de recursos públicos destinados a sectores empobrecidos de la población dominicana, en un momento de emergencia sanitaria en el que miles de familias dependían de las ayudas gubernamentales para cubrir sus necesidades básicas.
Finalmente, el Ministerio Público reiteró su compromiso de continuar enfrentando las estructuras dedicadas al fraude, la corrupción y otros delitos que atenten contra los recursos del Estado, garantizando el respeto al debido proceso y la aplicación de las leyes dominicanas.


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