27 de marzo de 2008

PLD deposita documento rechaza acusación nómina CB

El Partido de la Liberación Dominicana, retornó nuevamente a la Junta Central Electoral y depositó un documento donde deja clara su posición con respecto a la acusación del Partido Revolucionario Dominicano, quien alega que esa organización estaría utilizando los recursos del estado en campaña reeleccionista. El documento en cuestión fue entregado por una comisión de alto nivel de la organización política integrada por Temistocle Montás, Cesar Pina Toribio, Daniel Toribio, Reynaldo Paréd Pérez, Francisco Javier García y Max Puig. Entre otra cosa señala que no resulta la imputación de los hechos concretos, verificables en el marco del actual proceso electoral y que se trata de un amasijo de aseveraciones y especulaciones , propias del tradicional discurso político que busca sensibilizar sectores o a la opinión pública y no la articulación coherente de situaciones reales, cuyas pruebas hayan podido ser aportadas para su examen ya que ellos así, que ni siquiera se formulan pedimentos de medidas o providencias especificas al amparo de la actual ley electoral vigente. Precisa que es bueno que la Junta Central Electoral tome nota de ello, púes no se trata de un recurso serio que procura una intervención oportuna y eficaz de ese organismo, fundada en las previsiones legales, sino el abono anticipado a las repuestas que podrían darse a una derrota electoral que todos los estudios de opinión, encuestas. análisis políticos y demostraciones populares pronostican. Indica que las denuncias formuladas por el Partido Revolucionario Dominicano, se reducen en síntesis, a los alegatos de que el Presidente de la República, doctor Leonel Fernández Reyna hace uso abusivo de los recursos del estado por medio de concesiones de cargos públicos y otros esquemas carentes de transparencias incorporando al gobierno a un número considerable de dirigentes y militantes de partidos políticos de oposición. Expresa el documento, que el PRD expresa además que se ha producido un aumento en el gasto corriente y gasto publicitario y que los programas del gobierno están siendo utilizados para contrarrestar las actividades proselitistas de los candidatos de oposición. Indica que para sostener lo anterior no son más que reiteraciones de las mismas apreciaciones subjetivas, sin que demuestren hechos y situaciones concretas, específicas, que constituyan violaciones de ley ni mucho menos conductas debidamente tipificadas, para las cuales la legislación electoral reserve sanciones particulares. Con relación a la acusación en funciones públicas de partidos y ciudadanos de otras organizaciones políticas, es un uso abusivo de los recursos del estado, señalan que se trata de una acusación infeliz que ve la inclusión y la apertura política como un vicio y no como una característica esencial y realmente democrática, Dicen que al incorporarse representaciones de la vida política organizada del país, se amplia en forma legitima la base social de un gobierno que ha ganado unas elecciones en forma clara y contundente, las del 16 de mayo del 2004, lo que las elecciones del 2006 ratificaron, dándole al PLD, que obtuvo el triunfo en el 2004, una más amplia y mayoritaria representación en las Cámaras Legislativas y en la dirección de los Ayuntamientos del país. El documento hace alusión a que resulta una infamia sostener que se habían ejecutado acciones para dividir partidos políticos reconocidos, y que, incluso han electo sus propios candidatos presidenciales, como sucede en el Partido Nacional de Veteranos y Civiles, PRI, ASD. Olvidan que en los en los procesos relativos a esos partidos, la Junta Central Electoral ha ejercido su supervisión y autoridad, sin la participación en los mismos del Partido de la Liberación Dominicana. Sobre el alegato del volumen del gasto publicitario del gobierno, indican que se pretende hacer pasar por prueba del mismo informe de un monitoreo preparado por una entidad de carácter privado, a solicitud del Partido Revolucionario Dominicano, que da aviso de menciones en programas de radios y televisión, relativos a acciones de comunicación propias de práctica establecidas por los gobiernos del país, sin que las mismas se desprendan los montos reales de inversión y sin aportar las pruebas de que los comerciales o spot, son pagados con fondos extraños a los del PLD y partidos que apoyan la reelección de Leonel Fernández. Autor: Féliz Rubio

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