Causa contra Garzón por el franquismo enciende fuerte polémica en España

14/4/2010

Madrid, 14 abr (EFE).- La causa abierta contra Baltasar Garzón por su intento de investigar los crímenes de la dictadura franquista, que podría suponer su suspensión como juez, suscita una gran polémica en España con posiciones muy enfrentadas y la Justicia española en medio de un agrio debate. Garzón, de 54 años, es el juez español más conocido internacionalmente después de cobrar notoriedad en 1998 cuando ordenó la detención del dictador chileno Augusto Pinochet. En España ha instruido algunos de los casos más relevantes, como el "caso GAL" en las décadas de los años 80 y 90, que investigó la llamada "guerra sucia" contra la organización terrorista ETA. Pero pese a su trayectoria, Garzón podría verse en el banquillo de los acusados y suspendido en sus funciones como magistrado de la Audiencia Nacional española si prospera el auto del juez del Tribunal Supremo Luciano Varela, que le acusa de "prevaricación". Varela sostiene que Garzón decidió investigar los crímenes del franquismo ignorando la Ley de Amnistía aprobada en España en 1977, dos años después de la muerte de Francisco Franco (1975), en la Transición a la Democracia. Las voces más críticas con la actuación del Tribunal Supremo por haber admitido a trámite la denuncia subrayan que la querella ha sido interpuesta por el sindicato ultraderechista Manos Limpias y Falange Española, una formación de extrema derecha y ligada al franquismo. La polémica entorno a la actuación de Garzón y del Tribunal Supremo se acentuó tras un acto de apoyo celebrado este martes en la Universidad Complutense de Madrid, que reunió a miles de personas, muchos de ellos dirigentes sindicales, intelectuales y artistas. Algunos participantes en este acto atacaron la actuación del Tribunal Supremo y a sus miembros, actuación que fue duramente criticada hoy por asociaciones judiciales y dirigentes del conservador Partido Popular (PP), el principal de la oposición, que acusó a los participantes de desprestigiar y socavar las instituciones del Estado. El ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo acaparó gran parte de las críticas después de haber afirmado que los miembros del Tribunal Supremo son un instrumento "de la actual expresión del fascismo español" por haber admitido la querella contra Garzón. Estas palabras fueron respondidas tanto desde el Alto Tribunal como por distintas asociaciones judiciales, que las han considerado "un exceso", además de "insultantes" e "impropias". La polémica en torno a Garzón ha traspasado las fronteras españolas y la prensa internacional ha terciado con duros editoriales en unos casos (The New York Times) sobre la actuación de la Justicia española, y en otros (The Wall Street Journal) sobre Garzón. Los comentarios que se han suscitado preocupan al Tribunal Supremo que ha convocado a los corresponsales extranjeros en Madrid para el próximo viernes para explicarles las complejidades técnicas del procedimiento judicial español. Además del caso sobre el franquismo, en el que Garzón ha recibido el apoyo de asociaciones partidarias de la recuperación de la Memoria Histórica y familiares de víctimas de la dictadura que han presentado una querella contra Varela, el magistrado tiene otras dos causas pendientes con la justicia española. Mañana, jueves, está convocado a declarar como imputado ante el Tribunal Supremo por una denuncia relacionada con el dinero que presuntamente percibió del Banco Santander durante su estancia en la Universidad de Nueva York, entre 2005 y 2006. Los querellantes relacionan la percepción de 300.000 dólares por el juez con su decisión de no admitir a trámite una querella contra directivos del Banco Santander. En el Tribunal Supremo hay una tercera causa contra Garzón por ordenar intervenir las comunicaciones en prisión entre varios imputados en una trama de corrupción conocida como el "caso Gürtel" y sus abogados. La investigación de este caso, de gran repercusión política en España porque implica a personas vinculadas con el PP, fue abierta por Garzón. El magistrado recibió hoy el respaldo de organizaciones humanitarias de España y Argentina que presentaron en Buenos Aires, junto al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, una demanda para que se investiguen los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista. Los hechos por los que está encausado se remontan a 2008, cuando se declaró competente para juzgar las desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura franquista, para lo que ordenó la apertura de algunas fosas comunes donde se sospecha que fueron enterradas personas desaparecidas. EFE Autor: María Luisa González