Santo Domingo.- El nuevo Código Procesal Penal permite a los jueces sin prudencia, apoyados en tecnicismos jurídicos, devolver al seno de la sociedad a personas imputadas de crímenes horrendos, advirtió el vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Rafael Luciano Pichardo.
El magistrado, presidente de la Cámara Civil del alto tribunal judicial, manifestó que la sociedad se siente desprotegida con decisiones como las que favorecen a los imputados de crímenes múltiples, amparados en el citado código, cuya reforma no acaba de producirse.
“Las medidas de coerción que pretenden ser protectoras de los derechos de los imputados se han convertido en nuestro medio en trampolín para que antisociales recobren su libertad, a veces, en cuestión de horas”, precisó.
Dijo que las medidas de coerción funcionan y cumplen su objetivo cabalmente en sociedades donde la criminalidad es la excepción, no la regla, que es, lamentablemente, lo que ocurre en el país, víctima actualmente del narcotráfico y otros delitos de delincuencia.
Indignación social En tanto, que la orden de libertad a favor de Raúl Serumberto Reynoso Mota (Vantroi), acusado de más de 20 muertes, continuaba ayer provocando reacciones de indignación y desconcierto en distintos estratos de la sociedad dominicana.
A todo esto se suma el dolor y la impotencia crecida en los familiares y allegados de las víctimas.
“No quiero hablar más de eso, se lo he dejado a Dios”, dijo a este diario el padre del marinero Ronald Geraldino, asesinado de nueve balazos en una callejuela del barrio Gualey, el 9 de junio de 2005, por la banda conocida como “Los 12 Discípulos”.
“En realidad mi padre tiene miedo porque nos han amenazado varias veces”, dijo Lidia Geraldino Almonte, hermana de la víctima.
Para Manuel Cabrera, presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, la decisión del juez José Rosario Hernández, del Tercer Juzgado de Instrucción, de libertar bajo fi anza a este convicto ha causado mucha preocupación.
“No entiendo ni veo como válidas las justifi caciones del juez para tomar una decisión que evidentemente afecta a toda la sociedad y atenta contra la seguridad de los ciudadanos”, precisó.
Mientras que el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) señaló que no sólo el sector empresarial vio con asombro esta decisión, sino los demás del país. “Cualquiera puede ser víctima de uno de esos criminales, cuya vida de muerte y violencia parece habérseles enseñado que lo más fácil y seguro es precisamente eso: matar”, indicó Lisandro Macarrulla.
Consideró que nadie puede estar seguro en una nación donde se deje libres tan fácilmente a presuntos asesinos con un historial de delitos y crímenes tan sangrientos como los que se le atribuyen a la banda de Vantroi.
Manuel Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dijo que se trata de una acción injustifi cada, porque hay antecedentes y nadie está seguro de que el acusado no se irá del país, como ya lo hizo cuando se escapó a México. “La Comisión defi ende los derechos humanos, y derechos humanos es hacer justicia y condenar a los culpables de crímenes contra la sociedad y particulares”, indicó.
Además de cometer los asesinatos a plena luz del día y delante de todo el mundo, la mayoría de ellos, la banda de Vantroi intimidaba y amenazaba a los familiares que se querellaban contra ellos, hasta el punto que una sola de las familias de las 51 víctimas y afectados mantienen su querella en la Corte de Santo Domingo Este.
Vice contra Código El vicepresidente Alburquerque también dijo que tal vez el Código Procesal Penal sea muy moderno y pueda funcionar en los Estados Unidos, pero no se adapta a la realidad dominicana, lo que haría pensar en el tema de una posible modifi cación.
“Fue un código redactado por un conjunto de juristas que entendió que era un paso de avance, pero tal vez ha resultado demasiado para la realidad dominicana y tengamos que buscar un instrumento que nos permite tener un código que proteja mucho más a las víctimas y que no sea tan protector de los delincuentes”, agregó el vicepresidente de la República.
Jefe Policía Entretanto, el jefe de la Policía Nacional, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, dijo que ese organismo se siente satisfecho de haber cumplido con su deber de traer al país estos criminales que han hecho tanto daño a la sociedad dominicana.
“Cumplimos con el deber de apresarlos, de capturarles en México en coordinación con las autoridades mexicanas”, dijo.
SE SIENTE ATÓNITO CON LA DECISIÓN JUDICIAL El jefe de la Policía Nacional, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, manifestó ayer que esa institución cumplió con su deber al retornar al país, en coordinación con las autoridades de México, a Raúl Serumberto Reynoso Mota (Vantroi) y a Joel Bautista Vásquez (Pilito), al tiempo de manifestar que se siente atónito por la decisión del juez interino Rosario Hernández de otorgar a “Vantroi” la libertad condicional bajo fianza. Advirtió que la Policía seguirá buscando más evidencias.
DICE FALTAN MEDIDAS ADECUADAS EN JUSTICIA El vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, dijo ayer que le preocupa que en el ámbito judicial no se estén adoptando las medidas pertinentes para evitar que personas que deben estar en las cárceles cumpliendo condenas de repente aparezcan en libertad como si nada ha pasado.
“Yo no quiero invadir el ámbito del Poder Judicial, pero no hay duda de que es preocupante que no se estén adoptando las medidas pertinentes para que no ocurran casos como este”, precisó a Listín Diario.
CRITICA DEBILIDADES DEL CÓDIGO PROCESAL El vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Rafael Luciano Pichardo, se mostró ayer solidario con las declaraciones del cardenal Nicolás de Jesús Lopéz Rodríguez, respecto de las debilidades que acusa al Código Procesal Penal de devolver a la sociedad a personas imputadas de crímenes horrendos.
El magistrado presidente de la Cámara Civil del más alto tribunal judicial insistió en que el referido código tiene muchas debilidades.
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