Seguidores de Zelaya se manifestaron hoy frente a la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa. EFE
TEGUCIGALPA.- El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, reconoció hoy el grave clima de inseguridad que vive su país y negó que haya una "política de Estado" para violentar los derechos humanos.
"Tenemos mucho pendiente en el tema de lo que es el control de la delincuencia y respeto a los derechos humanos", expresó Lobo durante una extensa rueda de prensa que brindó en la Casa Presidencial al cumplir su primer año de mandato (2010-2014).
"No niego que hay un clima de inseguridad, que estamos luchando por" superarlo, apuntó. El combate de la violencia, la delincuencia común y el crimen organizado es uno de los problemas en los que el Gobierno de Lobo presenta rezago, según distintos sectores políticos y sociales.
Organismos locales e internacionales de derechos humanos señalan que persiste la impunidad en muchos abusos, la mayoría cometidos durante la crisis por el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009, y reclaman el esclarecimiento del asesinato de una decena de periodistas y varios homosexuales.
Lobo aseguró que en su Administración, que asumió el 27 de enero de 2010, "no hay ninguna política de Estado para asesinar a nadie ni para violentar los derechos humanos". "No niego que hay un nivel de delincuencia que a todos nos preocupa, que a todos nos amenaza, pero estamos luchando" contra ese problema, afirmó.
"Pero que en este Gobierno haya una política de hacer desaparecer la gente, asesinar la gente, totalmente falso", enfatizó, ante preguntas de periodistas que atribuyeron a seguidores de Zelaya denuncias contra su Administración por estos crímenes.
"Separemos bien las cosas", pidió Lobo, porque "un tema es que haya delincuencia y otro tema es que el Estado esté asesinando gente, esté induciendo a que se asesine gente; de una cosa a otra hay una gran distancia".
"Estamos luchando contra la delincuencia, nosotros quisiésemos que no hubiera nadie asesinado en este país, no importa su condición social, económica, sexo, etcétera", aseveró Lobo. En derechos humanos, "hay problemas que están bien para la exportación" de quienes los denuncian, pero "nos crean una imagen afuera que daña, que nos afecta; muchas veces, al final también pueden afectar programas que vienen para la gente pobre", agregó.
Lobo recordó que en Honduras hubo desapariciones, matanzas y otros crímenes en los años 70 y 80 del siglo pasado, época en la que él era dirigente de un organismo privado de derechos humanos, y comentó que hoy algunos pretenden olvidar esos acontecimientos.
"Yo sí me acuerdo; puede haber otros que olviden, a propósito o por lo que sea, pero quién va a ignorar aquí que en los 70 hubo masacres; incluso sacerdotes fueron asesinados, brutalmente asesinados. Eso es un hecho real", remarcó.
Aunque Lobo no lo mencionó, el 25 de junio de 1975, durante un Gobierno militar, 14 personas, entre ellas dos sacerdotes extranjeros, fueron asesinadas y sepultadas en un pozo malacate en la hacienda Los Horcones, propiedad del padre homónimo del ex presidente Zelaya, en el departamento oriental de Olancho.
Las víctimas se aprestaban a participar en una marcha campesina hacia Tegucigalpa en demanda de tierras, y entre ellas figuran los sacerdotes Casimiro Cypher (estadounidense) e Iván Betancourt (colombiano).
"Tenemos mucho pendiente en el tema de lo que es el control de la delincuencia y respeto a los derechos humanos", expresó Lobo durante una extensa rueda de prensa que brindó en la Casa Presidencial al cumplir su primer año de mandato (2010-2014).
"No niego que hay un clima de inseguridad, que estamos luchando por" superarlo, apuntó. El combate de la violencia, la delincuencia común y el crimen organizado es uno de los problemas en los que el Gobierno de Lobo presenta rezago, según distintos sectores políticos y sociales.
Organismos locales e internacionales de derechos humanos señalan que persiste la impunidad en muchos abusos, la mayoría cometidos durante la crisis por el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009, y reclaman el esclarecimiento del asesinato de una decena de periodistas y varios homosexuales.
Lobo aseguró que en su Administración, que asumió el 27 de enero de 2010, "no hay ninguna política de Estado para asesinar a nadie ni para violentar los derechos humanos". "No niego que hay un nivel de delincuencia que a todos nos preocupa, que a todos nos amenaza, pero estamos luchando" contra ese problema, afirmó.
"Pero que en este Gobierno haya una política de hacer desaparecer la gente, asesinar la gente, totalmente falso", enfatizó, ante preguntas de periodistas que atribuyeron a seguidores de Zelaya denuncias contra su Administración por estos crímenes.
"Separemos bien las cosas", pidió Lobo, porque "un tema es que haya delincuencia y otro tema es que el Estado esté asesinando gente, esté induciendo a que se asesine gente; de una cosa a otra hay una gran distancia".
"Estamos luchando contra la delincuencia, nosotros quisiésemos que no hubiera nadie asesinado en este país, no importa su condición social, económica, sexo, etcétera", aseveró Lobo. En derechos humanos, "hay problemas que están bien para la exportación" de quienes los denuncian, pero "nos crean una imagen afuera que daña, que nos afecta; muchas veces, al final también pueden afectar programas que vienen para la gente pobre", agregó.
Lobo recordó que en Honduras hubo desapariciones, matanzas y otros crímenes en los años 70 y 80 del siglo pasado, época en la que él era dirigente de un organismo privado de derechos humanos, y comentó que hoy algunos pretenden olvidar esos acontecimientos.
"Yo sí me acuerdo; puede haber otros que olviden, a propósito o por lo que sea, pero quién va a ignorar aquí que en los 70 hubo masacres; incluso sacerdotes fueron asesinados, brutalmente asesinados. Eso es un hecho real", remarcó.
Aunque Lobo no lo mencionó, el 25 de junio de 1975, durante un Gobierno militar, 14 personas, entre ellas dos sacerdotes extranjeros, fueron asesinadas y sepultadas en un pozo malacate en la hacienda Los Horcones, propiedad del padre homónimo del ex presidente Zelaya, en el departamento oriental de Olancho.
Las víctimas se aprestaban a participar en una marcha campesina hacia Tegucigalpa en demanda de tierras, y entre ellas figuran los sacerdotes Casimiro Cypher (estadounidense) e Iván Betancourt (colombiano).
De EFE
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