La operación tuvo como fin desmantelar una organización en la que supuestamente están implicados varios altos funcionarios del Estado, que tendría ramificaciones en un
ministerio y siete órganos públicos y que se dedicaría a elaborar informes técnicos fraudulentos para favorecer a determinadas empresas privadas en contratos públicos.
Entre los 18 acusados de delitos como corrupción, falsificación de documentos y tráfico de influencias figura la jefa de Gabinete de la Presidencia en Sao Paulo, Rosemary Novoa de Noronha, así como directores de la Agencia Nacional de Aguas (ANA) y de la Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac).
"Por determinación de la Presidencia, todos los funcionarios formalmente acusados en la Operación Porto Seguro serán separados de sus cargos o exonerados de todas sus funciones", según el comunicado divulgado por el palacio presidencial de Planalto.
Rousseff también determinó que todos los organismos citados en el proceso inicien investigaciones administrativas propias, de acuerdo con la nota.
En cuanto a los directores de las agencias reguladoras acusados, la jefa de Estado determinó tanto su separación de los cargos como la apertura de procesos disciplinarios.
Novoa de Noronha fue nombrada como jefe del Gabinete de la Presidencia en Sao Paulo en 2003 por el entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva y Rousseff la mantuvo en el cargo cuando sustituyó a su mentor político en 2011.
La funcionaria, acusada de tráfico de influencias y corrupción, había sido secretaria del exministro de la Presidencia José Dirceu, durante muchos años la mano derecha de Lula y que este mes fue condenado a diez años y diez meses de cárcel en el mayor juicio por corrupción ya realizado en el país.
La Policía Federal llegó a realizar una inspección el viernes en la sede del Gabinete de la Presidencia en Sao Paulo para buscar documentos que puedan ser usados como pruebas.
Igualmente fue destituido José Weber Holanda, el segundo funcionario en la jerarquía de la Abogacía General de la Unión.
La red de corrupción sería encabezada por los hermanos Paulo y Rubens Vieira, el primero director de la Agencia Nacional de Aguas y el segundo de la Agencia Nacional de Aviación Civil, dos de los arrestados el viernes y que también perdieron los cargos.
La trama corrupta al parecer también tenía ramificaciones en la Agencia Nacional de Transportes Acuáticos (Antac), en la Secretaría del Patrimonio de la Unión (SPU), el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) y el Ministerio de Educación.
Según el superintendente de la Policía Federal en Sao Paulo, Roberto Troncon Filho, el grupo recibía propinas de empresarios para agilizar el papeleo en procesos de su interés y elaborar informes técnicos "a la medida" para favorecerlos.
La organización comenzó a ser investigada en marzo de este año a partir de la denuncia de un funcionario del TCU que confesó que le ofrecieron 300.000 reales (unos 145.000 dólares) por elaborar un informe técnico que beneficiara a un grupo empresarial.
El funcionario aceptó y recibió parte del pago, pero después, al arrepentirse, devolvió el dinero y denunció lo ocurrido a la Policía Federal.
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