SANTO DOMINGO. La Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) ordenó a la Dirección General de Aduanas (DGA) abstenerse de ejecutar la resolución que ordena el pago de derechos e impuestos aduaneros de mercancías importadas menores de US$200.
El Tribunal de Jurisdicción Nacional acogió un recurso de amparo incoado por la Fundación Justicia y Transparencia; La Alianza de Defensa de los Consumidores y Usuarios; La Cámara Dominicana de Comercio Electrónico; La Asociación Dominicana de Empresas Courier y un conjunto de entidades que se unieron a la acción legal.
Los jueces Federico Fernández de la Cruz, Mildred Hernández Grullón y Rafael Ciprian, declararon que se han vulnerado los derechos fundamentales relativos al debido proceso administrativo que implica la sujeción de la Administración Pública, al ordenamiento jurídico nacional, que debe fundarse en el respeto irrestricto a la ilegalidad.
El Tribunal rechazó declarar inadmisible las intervenciones voluntarias de la Organización Nacional de Empresas Comerciales; La Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo; La Asociación Nacional de Importadores; La Unión Nacional de Empresarios y otras entidades.
Asimismo, acogió la solicitud de exclusión del proceso presentada por el Senado.
El Tribunal de Jurisdicción Nacional acogió un recurso de amparo incoado por la Fundación Justicia y Transparencia; La Alianza de Defensa de los Consumidores y Usuarios; La Cámara Dominicana de Comercio Electrónico; La Asociación Dominicana de Empresas Courier y un conjunto de entidades que se unieron a la acción legal.
Los jueces Federico Fernández de la Cruz, Mildred Hernández Grullón y Rafael Ciprian, declararon que se han vulnerado los derechos fundamentales relativos al debido proceso administrativo que implica la sujeción de la Administración Pública, al ordenamiento jurídico nacional, que debe fundarse en el respeto irrestricto a la ilegalidad.
El Tribunal rechazó declarar inadmisible las intervenciones voluntarias de la Organización Nacional de Empresas Comerciales; La Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo; La Asociación Nacional de Importadores; La Unión Nacional de Empresarios y otras entidades.
Asimismo, acogió la solicitud de exclusión del proceso presentada por el Senado.
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