La comunidad internacional había visto con entusiasmo el acuerdo
TEGUCIGALPA.-La solución a la crisis política hondureña quedó en el limbo luego que el presidente derrocado Manuel Zelaya declaró unilateralmente roto un acuerdo impulsado por Estados Unidos al rechazar el gobierno de reconciliación armado por el líder de facto Roberto Micheletti.
"Yo he cedido todo lo que se me ha pedido para demostrar que tengo altísimos niveles de tolerancia, pero mi tolerancia no llega a negociar el mandato de la soberanía popular y del pueblo", expresó Zelaya este viernes a la radio Globo. "Mi tolerancia llegó a ceder parte de mis facultades de nombrar ministros, pero el mandato que me dio el pueblo para representarlo como jefe de gobierno, no es negociable".
"Si el señor Micheletti ayer pensaba que iba a caer en la tentación de mandarle nombramientos de ministros, como si el golpe había sido contra los ministros, se equivocó totalmente", agregó.
La comunidad internacional había visto con entusiasmo el acuerdo para resolver el conflicto hondureño sellado hace una semana, aunque en la práctica la conmoción sigue dentro del país.
En Washington, el gobierno estadounidense se declaró "decepcionado" por la interrupción del proceso.
"Hemos quedado particularmente decepcionados por las declaraciones unilaterales realizadas por ambas partes anoche, las cuales no ayudan a impulsar el espíritu del acuerdo Tegucigalpa-San José", dijo el Departamento de Estado en un comunicado.
Exhorta "a ambas partes a actuar en el mejor interés del pueblo hondureño y regresar inmediatamente a la mesa de negociaciones a fin de llegar a un acuerdo sobre la formación de un gobierno de unidad. La formación de un Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional servirá al pueblo hondureño y cambiará para bien la dinámica política del país. Es urgente que se forme este gobierno de inmediato".
Horas antes también en Washington, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, José Miguel Insulza, deploró la interrupción del acuerdo.
"Las medidas aprobadas en el acuerdo son claras y fueron suscritas por la libre voluntad de las partes. Espero que sin más subterfugios ellas se cumplan para restablecer la democracia, la legitimidad institucional y la convivencia entre los hondureños", indicó Insulza en un comunicado.
Y es en ese aspecto donde yace la principal discrepancia, pues el gobierno de facto considera que la presidencia de ese gobierno de unidad debe permanecer en manos de Micheletti, al menos hasta que el Congreso decide si restituye o no a Zelaya, algo para lo cual el legislativo aún no fijó una fecha.
El analista y crítico de Zelaya Juan Ramón Martínez dijo a la AP que "la comunidad internacional tiene que ver a Zelaya como un hombre inestable, que rompe los acuerdos por una interpretación muy personal".
"Creo que las elecciones seguirán su rumbo y sobrevivirán a pesar de las embestidas y caprichos de Zelaya", añadió.
El líder de un bloque opuesto al golpe de estado, Juan Barahona, consideró que Micheletti "está agudizando la crisis y que junto al congreso siguen dilatando y jugando con el retorno de Zelaya" a la presidencia.
Rozando la medianoche del jueves, Micheletti anunció la conformación del gobierno de unidad pactado con Zelaya. Los ministros del gobierno de facto habían anunciado poco antes su renuncia en bloque para dejar los espacios a los nuevos elementos que serían elegidos con la participación de los partidos políticos participantes en el proceso electoral. Zelaya no había postulado a nadie para ocupar ningún cargo.
El acuerdo Tegucigalpa-San José contempló que el jueves era el plazo para la instalación de ese gobierno de unidad que velará por el desarrollo de las elecciones presidenciales del 29 de noviembre y traspasará el poder a quien las gane el 27 de enero.
Zelaya consideró que "Micheletti dirija el gobierno de unidad es una burla a la comunidad internacional", pero que él mismo lo haga parece improbable, al menos por ahora, pues el Congreso espera respuestas de varios organismos estatales a los cuales consultó sobre la situación del gobernante depuesto antes de debatir su restitución en una sesión extraordinaria. Para este proceso no hay plazos establecidos.
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