20 de octubre de 2008

Extranjeros y militares dominan negocio de la droga en RD

SANTO DOMINGO.- “El caso Paya”, como ha sido denominado el múltiple asesinato en la comunidad sureña Ojo de Agua, Baní, provincia Peravia, ha puesto al desnudo la hipótesis popular de la presencia de extranjeros en el país, específicamente colombianos, involucrados en actividades ligadas al crimen organizado del narcotráfico y el sicariato.

Este hecho de sangre, que según las informaciones ofrecidas por las autoridades habría sido provocado por un “tumbe” de una gran cantidad de droga y dinero, también ha traído a la palestra pública la información de que en el país se encuentran viviendo por lo menos dos narcotraficantes colombianos, que supuestamente habrían negociado con las autoridades de Estados Unidos, en un programa para combatir el narcotráfico, denominado “Resocialización de Narcotraficantes”.

En días anteriores, el asesor en materia de drogas del Poder Ejecutivo, doctor Marino Vinicio Castillo, recordó un caso anterior de drogas en Baní, de trece años atrás, de unos mil 200 kilos, y en el que había involucrados catorce colombianos, lo que refuerza la afirmación del funcionario antidroga, de que lo ocurrido en Paya, en el fondo corresponde a una estructura vieja dirigida por colombianos que opera en la región.

También reveló que alguien le comunicó que José Luís Montás (El Duro Motors), mencionado ahora en este caso, en aquel entonces era mecánico de un tal Nickson Alcántara, envuelto en un caso de 500 kilos de droga hace muchos años, encontrada en Arroyo Hondo.

“Se nota que hay una especie de antigüedad y de continuidad en las estructuras que están actuando y, lo peligroso que estoy observando es que hay una estructura colombiana, no para niveles de sicariato, que los hay, sino para dirigir el operativo de las drogas”, precisó Castillo.

Según publica el Diario Horizonte, a los narcos que supuestamente se encuentran en el país, se les habría presentado la opción de escoger entre República Dominicana y Venezuela.

Precisa el diario, el cual se hizo eco de informes periodísticos de la nación sudamericana, que “el programa de resocialización de narcotraficantes fue presentado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, con el propósito de combatir a los mafiosos colombianos por una vía distinta de la represión, convenciéndolos para que dejaran el negocio a cambio de obtener un tratamiento jurídico benévolo y conservar parte de sus fortunas”.

Supuestamentes unos 300 narcos negociaron Estados Unidos para entrar en el programa de resocialización de narcotraficantes.

De estas informaciones ser ciertas, se desprende la interrogante: ¿qué control tienen las autoridades dominicanas sobre estas personas; dónde viven, y a qué se dedican?

El “caso Paya” ha tenido otras consecuencias, pues cual partida de dominó, en la Marina de Guerra han caído “algunas fichas” que al parecer vieron en el “negocio” del narcotráfico la “gran oportunidad de sus vidas”.

La conducta, por lo menos de esos oficiales que las autoridades vinculan al múltiple asesinato en Paya, ha creado en gran parte de la población la percepción de que el emblema de la institución castrense estaba siendo utilizado como un “escudo” por los mafiosos.

Hasta el momento figuran siete marinos implicados en la tragedia, sin embargo el nombre del último detenido, no fue revelado por el jefe de la Marina de Guerra, vicealmirante Julio César Ventura Bayonet, para no obstaculizar la investigación.

Los nombre de los miembros del organismo castrense que se señalan, hasta el momento, de supuestos vinculo con la matanza de Paya son los capitanes de fragata Ricardo Rafael Guzmán Pérez, Robert Augusto Peña Valdez, Benny Jairon Rodríguez Pérez ; así como el alférez de fragata Jesús Sánchez Piña, y el capitan de corbeta Miguel Peña Figueroa

Además, figura en el expediente Frederick Medina Abud, un ex coronel de la Policía Nacional.

Autor: María Patria Mella

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